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La propuesta de quita de deuda autonómica planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, apenas una cuarta parte de la cantidad calculada por los ... expertos valencianos, constituye el último de los agravios financieros del Ejecutivo central a la Comunitat. Estos son algunos de los más llamativos.
Aprobado en 2009 y caducado desde el 1 de enero de 2014, la reforma de modelo aún en vigor constituye una reivindicación unánime de la clase política y social valenciana que, ni con Mariano Rajoy en su día, ni con Pedro Sánchez ahora, ha visto la luz. Y la Comunitat, con este modelo y también con el de 2002, ocupa la cola como una de las CCAA peor financiadas per cápita. Las sucesivas promesas de Sánchez de proponer un nuevo modelo –entre las más recordadas la que pactó con Baldoví y estaría en ocho meses o el esqueleto que presentó Montero en diciembre de 2021– se han quedado en nada.
La principal propuesta de la Comunitat Valenciana como alternativa hasta que se cambie la financiación. Un fondo que cubra las diferencias existentes entre las cuatro CCAA infrafinanciadas -la valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia- y la financiación media de las autonomías del régimen común. Una propuesta que contaba con el respaldo unánime en la Comunitat, en la Plataforma per un Finançament Just, hasta que los socialistas rompieron ese consenso y la rechazaron.
La consellera de Hacienda Ruth Merino ha reclamado por carta a la ministra Montero que la Comunitat Valenciana, para atender los daños causados por la dana, necesitaba de una inyección de recursos a fondo perdido (que no se devuelvan) de la misma manera que el Gobierno se los proporcionó con motivo de la pandemia. Montero vino a contestar que para eso hacía falta aprobar los PGE de 2025, un chantaje como otro cualquiera.
Pedro Sánchez ha condicionado la recuperación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para cubrir el exceso de déficit, suprimido este año, a que el PP apruebe la senda de déficit para el periodo 2025-2027. Así lo reconocía en una carta remitida a Carlos Mazón y con la que responde al requerimiento del dirigente valenciano para que la Comunitat dispusiera de los 3.000 millones de euros en los que se estima que esta región excederá el déficit autorizado para 2024.
El último decreto omnibus aprobado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados dejaba fuera la prórroga de las entregas a cuenta de 2024, que actualizaban las de 2023 después de que se prorrogaran los presupuestos de ese año. Sin esa prórroga, los recursos de los que viene disponiendo la Comunitat Valenciana por la financiación no son ni los anunciados inicialmente para 2025 ni los percibidos en 2024, sino los que se recibieron en 2023.
La Comunitat Valenciana ha venido reclamando que el Gobierno tenga en cuenta las circunstancias financieras de la Comunitat, y en particular la proverbial infrafinanciación que arrastra, a la hora de establecer objetivos de déficit realista para las distintas CCAA. Hasta el momento el departamento que dirige María Jesús Montero no ha querido ni oír hablar de esa posibilidad.
El gran debate pendiente tras el acuerdo entre los socialistas y los independentistas catalanes es la exigencia de una financiación singular para Cataluña, a imagen del cupo vasco y navarro. Que Cataluña pueda abandonar el grupo de las CCAA de régimen común perjudica objetivamente a todas las regiones que permanezcan bajo esa consideración, porque supondrá perder la parte de los ingresos que el Estado obtiene en Cataluña y que se redirigen a la caja común.
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