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«¿Has visto que sales en lo de Azud?». Esta pregunta se repite en algunas conversaciones en círculos empresariales, políticos y hasta periodísticos durante las últimas dos semanas. Y es que el informe de la UCO en relación al caso Azud realiza una exhaustiva revisión ... del modo en que el PSPV financió algunas de sus actividades en 2007 y 2008. Pero no sólo eso. El seguimiento de la actividad de personajes claves en la trama como Pepe Cataluña, exresponsable de las finanzas de los socialistas valencianos, ha propiciado que las ramificaciones se extiendan hasta hace prácticamente cuatro días. Concretamente, hay reseñas de encuentros con fecha de octubre de 2019. En el caso del mundo económico valenciano, el análisis realizado por la Guardia Civil menciona a cerca de un centenar de empresas. Por lo que se refiere entidades públicas, los ayuntamientos salpicados (especialmente por tratos con concejales del PSPV) son una quincena. Unos manchaban y otros han sido manchados, en muchos casos sin saberlo, pero «salen» en los papeles.
Constructoras y empresas vinculadas a la actividad comunicativa (imprentas, publicidad, serigrafías) son las más variadas y numerosas, pero no las únicas incluidas en el dossier. Al menos 95 firmas empresariales aparecen en el informe, ya sea en el relato de la UCO, relacionadas directa o indirectamente, o en las facturas que se adjuntan para sostener la investigación de la presunta financiación irregular de los socialistas valencianos.
Hay empresas del sector de la construcción (de modo individual o asociadas en UTE, prácticamente todas las grandes corporaciones que participaban en adjudicaciones de obra pública), empresas de la Administración como Acuamed y sus filiales, un par de multinacionales, fundaciones, clubes, asociaciones ecologistas, empresas de comunicación, despachos de abogados, empresas de gestión medioambiental, importación, marketing, restauración y alimentación.
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Un elenco de lo más variado a través de una extensa ruta (desde Pego o El Campello en Alicante hasta Bétera o Valencia) por la Comunitat que salpica a ediles y empleados de ayuntamientos como Gilet, Xixona, Ador, Paterna, Torrevieja, Riba-Roja, Dénia o Bétera, relacionados de manera más o menos directa con el socialismo de entonces y de ahora. Si no estás en ese informe, es que no pintas nada en el PSPV.
Hay empresas que podrán lamentar su presencia en el extenso listado de firmas salpicadas por Azud y sentirse víctimas, una especie de daño colateral dentro de todo el entramado presuntamente protagonizado por personajes como Cataluña, José Luis Vera o Jaime Febrer. Se trata de firmas que poco o nada tienen que ver con estructuras financieras vinculadas al PSPV y que en algún caso aparecen ocasionalmente en facturas como proveedores de algún material o servicio.
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Sin embargo, hay otras que a lo largo de todo el informe son como el perejil, asoman en todas las salsas. Es el caso de Cronosport. Esta empresa aparece mencionada más de 300 veces en el informe de 377 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La mercantil Facsa pagó miles de euros a la sociedad Cronosport para la adquisición de material electoral del PSOE, y las facturas de esa empresa son chequeadas minuciosamente por la Guardia Civil.
Los investigadores señalan la posibilidad de que los implicados en el caso fabricasen «operativas» con el fin de solapar «el origen delictivo de los fondos» a través de facturas falsas y la creación de empresas y servicios ficticios. Para eso, sería necesario confundir empresas reales con las falsas, además de añadir servicios irreales a los ciertamente realizados, de tal manera que el listado de sociedades salpicadas es muy extenso.
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El informe de la UCO conocido ahora apunta sospechas hacia los regalos de Acciona a decenas de cargos de la Administración, o hacia el Grupo Axis (propiedad del empresario Jaime Febrer y mencionado un total de 171 veces), al igual que Jesús Arjona como pieza relevante en la investigación. Cronosport, una de las empresas que realizó trabajos para el PSOE, cargó parte de las facturas a terceras empresas, como Gigante Edificaciones, que a su vez recibía presuntamente el dinero de Grupo Axis. Durante aquella época, fueron socios Febrer y Jesús Arjona, este último, administrador de Gecydova, la empresa a la que el entonces líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, encargó la obra de su casa. Precisamente, por esas obras, Pla se vio obligado a dimitir cuando desde su propio partido filtraron a la prensa en octubre de 2007 que no había pagado la reforma de su piso. Arjona aparece nombrado casi una veintena de veces en el informe de la UCO por sus reuniones con José Luis Vera (una de las figuras centrales del caso Alquería, recientemente juzgado), y Pepe Cataluña, el exjefe de las finanzas del PSPV cuando Pla estaba al frente del partido. Esas crueles coincidencias.
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