Financiación autonómica: de «victoria colectiva» a fracaso mayúsculo

Han pasado más de cuatro meses de aquella «victoria colectiva» para los valencianos que, según el conseller de Hacienda Vicent Soler suponía que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera presentado su propuesta de población ajustada, uno de los criterios que debe definir el reparto de los fondos. Una victoria colectiva, se dijo un 3 de diciembre, sólo unas horas después de presentarse ese documento técnico, casi indescifrable, y que pese a ello fue recibido con alabanzas propias de una cita histórica.

El tripartito valenciano, siempre necesitado de éxitos, recibió la propuesta con optimismo. Incluso dejó entrever a quién le quiso escuchar que el nuevo modelo mejoraba claramente la posición de la Comunitat. Traducido: que llegaría más dinero a las arcas autonómicas. El debate, como saben los que manejan los números, no es tanto que lleguen más fondos -que ya lo hacen- como que ese dinero no engrose el buzón de la deuda pública valenciana, ya asomada al balcón de los 54.000 millones de euros.

Cuatro meses después de aquel 'éxito', la reforma de la financiación autonómica sigue igual de estancada. Tras presentar su propuesta, el Gobierno invitó a las CCAA a que presentaran sus alegaciones a aquel documento. ¿Que podía haber reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que abordaran allí ese debate? Pues sí, pero en su lugar optó por abrir un proceso largo, lento y camino a ninguna parte.

Las CCAA alegaron. También la valenciana, que con el reposo lógico que merecen todas las reflexiones -y ayudada por Fedea- cayó en la cuenta de que la propuesta de la ministra Montero no era ni mucho menos tan optimista como se suponía. De hecho, era inservible para los intereses de la Comunitat.

Y el ministerio recibió las alegaciones. Todo bien hasta aquí. ¿Y ahora? Pues el camino que debería seguir este asunto apunta más a las reuniones y los acuerdos que a las declaraciones. Y es sabido que para eso de llegar a acuerdos el calendario electoral no es buen aliado.

Así que con las elecciones de Castilla y León sobre la mesa, la fiebre reformadora del Gobierno se calmó. Tanto se ha calmado que, hasta la fecha, no ha habido ninguna novedad más en relación con este asunto. Ni se ha convocado al CPFF, ni se ha presentado una propuesta completa de nuevo modelo ni se sabe muy bien cuándo podrá hacerse.

El PP ha cambiado de líder, con la caída de Pablo Casado y el ascenso de Alberto Núñez Feijóo. El dirigente gallego aseguró en Valencia que su propuesta de reforma es exactamente la misma que la de Carlos Mazón, pero no especificó mucho más, consciente de que ese planteamiento supone, sí o sí, que o él ha cambiado de postura o es el PPCV el que lo ha hecho.

¿Y el tripartito? El Gobierno valenciano no tiene información respecto a qué calendario pretende seguir el departamento que dirige María Jesús Montero. ¿Va a reunir al CPFF? No se sabe ¿Será pronto o tarde? Tampoco se sabe. ¿Se va a pedir que se celebre esa reunión? Silencio...

Y mientras tanto, el calendario electoral pasa una nueva página y acerca las elecciones andaluzas -como muy tarde en diciembre-. Y vuelta a empezar. Porque tras las andaluzas llegarán las de mayo de 2023...

Así que nunca hay tiempo y tampoco demasiada voluntad. No consta que Pedro Sánchez y Feijóo abordaran en su reunión de este jueves algún calendario para abordar este asunto. Mandan otros temas, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial, las medidas para hacer frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania o el debate sobre la rebaja de impuestos.

Este último, al que el Gobierno de Sánchez condicionó también la reforma de la financiación -con el silogismo facilón de que 'a más dinero recaudado, más dinero para las CCAA'- cuenta ya con una propuesta del comité de expertos... pero poco más.

Cuando se presentó ese documento, a principios de marzo, el departamento de Montero aseguró que el Gobierno proseguía «con la intención de avanzar al máximo en la reforma de financiación autonómica e intentando buscar el máximo consenso entre las CCAA. En ese sentido, seguimos analizando las aportaciones que nos enviaron las CCAA sobre la propuesta de población ajustada».

El análisis, en vísperas de Semana Santa, se ha convertido en vía crucis que no conduce a ningún lado. No hay debate sobre la reforma de la financiación, porque está tan claro que no hay visos de acuerdo que ni siquiera interesa intentarlo. Y la «victoria colectiva» de hace más de cuatro meses ha dejado paso a un bloqueo máyúsculo, que mantiene prorrogado desde el 1 de enero de 2014 el sistema en vigor.