La firma de la exdirectora del Instituto de las Mujeres facturó 343.000 euros de Ayuntamientos

No era la única vinculación societaria ahora bajo sospecha. García también era socia en la mercantil Imber Consultoría, según el dosier policial incorporado a la causa. La investigación se centra en determinar si las empresarias lograron contratos para sus respectivas firmas aprovechándose de sus cargos. Los agentes han calculado que la firma Elig recibió 343.667 euros de al menos 34 entidades públicas diferentes.

Los especialistas precisan pagos del Ayuntamiento de Albal, Olocau, Moncada, Alaquàs, Almussafes, Orihuela, Alcàcer, Foios, Massamagrell, L'Eliana, El Puig, Catarroja, Diputación de Guipúzcoa, la Mancomunitat del Camp de Turia, Cullera, Silla, Siete Aguas, Gandia, Aldaia, Marines, Benagéber, La Vall d'Uixó, la Vicepresidencia de Igualdad (en la época del Botánico), Picanya, San Fernando de Henares, Rafelbunyol, Loriguilla, Manises, Pobla de Farnals, Pobla de Vallbona. La otra mercantil, Imber, también recibió ingresos de diferentes administraciones. Pero, en este caso, la cantidad resulta más modesta. Alrededor de 17.000 euros de los Ayuntamientos de Albal y Catarroja.

Las empresas de las dos investigadas siempre realizaron actividades relacionadas con la igualdad y la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, ofrecieron servicios de consultoría política de igualdad promoviendo políticas inclusivas y asesoraron a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, federaciones deportivas y empresas privadas en el desarrollo de políticas de igualdad, según consta en la página web de la mercantil.

La etapa política de Isabel García arranca, en realidad, en 2015. Fue diputada provincial en el primer gobierno del Botánico, época en la que se creó en la provincia de Valencia la red de municipios contra la violencia de género. Esta coincidencia pudo aumentar la relación de la dirigente socialista con los citados municipios. De hecho, la Guardia Civil quiere profundizar en esta vertiente de las pesquisas. Y ha solicitado, con la autorización judicial, información a la Diputación para que se concrete qué papel tuvo García en la génesis y desarrollo de esa iniciativa.

La que fuera diputada, antes de su llegada al Instituto de las Mujeres, había sido contratada como asesora en el gabinete del Ministro de Fomento. En aquel momento el titular era José Luis Ábalos, hoy en el centro de la polémica tras el estallido del caso Koldo y la sospecha de que se benefició económicamente de determinados contratos de mascarillas en la fase más letal de la pandemia.

La investigación se encuentra todavía en una fase embrionaria. Los investigadores tratan de aclarar si parte o la totalidad de esa facturación se produjo por la posición política de García y si existen suficientes indicios delictivos. De hecho, la juez que comanda las diligencias todavía no ha citado a la pareja.