Una de las firmas que financió al Olímpic: «Rus nos pidió dinero para subir a Segunda»

En representación de la empresa acudió al juzgado el director de Medios y Recursos. El responsable trató de contextualizar las generosas aportaciones – siempre comparadas con los años anteriores– que se ingresaron en 2012 en el club de fútbol. «Alfonso Rus habló con Vicente Quilis –el dueño de Inelcom– y le pidió colaboración para subir al equipo a Segunda A». De ahí que ese año el gasto se disparara con casi 100.000 euros. Al parecer, uno de los objetivos del alcalde era conseguir repercusión con un equipo en la categoría de plata del fútbol español.

Los pagos al club se producen en paralelo al proceso administrativo de las famosas bombillas por el que finalmente son seleccionados. El fiscal le pregunta al dirigente de la compañía cómo afecta a la empresa «desde el punto de vista ético» estas aportaciones. El directivo desvincula cualquier relación e insiste en que se sometieron al procedimiento público. En definitiva, que éticamente no apreciaron impedimentos para ayudar a la economía de la entidad.

El declarante aclara las aportaciones que se hicieron al siguiente ejercicio, algo más de 15.000 euros. Todo ese dinero se destinó a la compra de entradas para la eliminatoria de Copa del Rey que enfrentó al equipo de la ciudad con el Real Madrid. «Teníamos la necesidad ética de colaborar», precisó al juez.

El directivo ha tratado de contextualizar estas cantidades dentro de una cierta actividad de mecenazgo que ejercía el fundador Quilis. Una persona que se sentía -según la comparecencia- profundamente vinculada a Xàtiva, su ciudad natal, tras pasar parte de su carrera en Madrid. Así trataba de impulsar actividades y eventos en el municipio. Por ejemplo, se puso el caso del cantante Raimón, que la empresa subvencionó con cerca de 400.000 euros en un momento en el que las relaciones del artista con el PP no eran precisamente cordiales.

El responsable de Inelcom ha acabado reconociendo que carecían en el momento de los hechos de cualquier programa de prevención del delito, lo que se conoce como compliance y que, en la actualidad, evita que las personas jurídicas sean acusadas de delitos de esta naturaleza si se demuestra que siguieron las indicaciones de ese plan. Señaló que había controles, pero no fue capaz de detallarlos. Finalmente, indicó que las verdaderas medidas de prevención se establecieron en 2019, siete años después de los hechos que ahora se analizan y cuatro tras la reforma legal.

Aprovechó su comparecencia para presumir de las ventajas que ofrecía Inelcom en el asunto de las bombillas frente a otras mercantiles, cuyo producto era más barato pero importado desde China y con dificultades para la instalación.