El fiscal apunta responsabilidades de Bonig en la visita del Papa a Valencia

El fiscal que investiga las supuestas irregularidades de la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006 ha dado un nuevo impulso a la causa con la solicitud de una batería de diligencias. La más relevante, por las consecuencias políticas y judiciales que puede tener, es la citación judicial de Isabel Bonig. El ministerio público, en un escrito al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, no recoge en qué calidad comparecerá la líder de los populares siempre que la petición sea acordada por la instructora. Pero la realidad es que no puede acudir como investigada ya que la dirigente del PP es diputada y, por tanto, debería hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, aunque sea citada como testigo, la atribución que en el escrito ya adelanta el fiscal no parece anticipar una comparecencia especialmente tranquila. El responsable de la fiscalía sostiene que Bonig fue la que intervino, como consellera de Infraestructuras y a su vez consejera delegada de Vaersa, para liberar a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias de un pago de más de medio millón de euros a la citada empresa pública. Este es el argumento que utiliza para proponer la citación de la presidenta del Partido Popular.

El fiscal también pide a la juez que cite como testigo a Frances Gamero, actual secretario autonómico de Hacienda y persona de la máxima confianza de la vicepresidenta Mónica Oltra (fue su subsecretario hasta hace unas semanas). Gamero deberá prestar declaración si la juez lo acuerda como testigo ya que en la época en la que se negoció la visita del Papa a Valencia, él era el director del protectorado de fundaciones en la Conselleria de Justicia.

La Udef y la Fiscalía Anticorrupción ya apuntaron irregularidades en la empresa pública Vaersa. Todos los indicios señalan que la sociedad, centrada en el tratamiento de residuos, fue utilizada por la Generalitat para determinados trabajos en el evento religioso sin que constara un convenio con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad sobre la que se concentran todas las sospechas. La discusión jurídica, que podría abortar toda la investigación de raíz, se concentra ahora en la naturaleza de esa fundación. Son varias las periciales que sostienen que es de carácter privado y, por tanto, no habría causa penal porque no tendría la obligación de someterse a la Ley de Contratos del Sector Público. La Intervención de la Generalitat y la Udef, en cambio, defienden que es pública.

Las sospechas parecen rondar el conocido como proyecto 40/1960. Se trata de las actuaciones que se realizaron en el viejo cauce del Turia, pero que no se encuentran respaldadas en ninguna documentación con la fundación. Existe un correo electrónico del entonces director de Vaersa, Felipe Espinosa, en el que alerta de estas irregularidades a la que fuera secretaria autonómica María Ángeles Ureña. «Hay 850.000 euros que están pendientes de pago», anuncia. De esa cantidad, se facturaron 520.000 euros a la fundación -no se habían pagado- pero otros 300.000 «no se han facturado a nadie». El fiscal, en el mismo escrito, ha requerido también la comparecencia de Espinosa pero, en este caso, como investigado. De igual modo, reclama la citación de Ureña, que fue secretaria autonómica de Medio Ambiente, para aclarar los pagos de la sociedad.

No se detienen ahí las diligencias encargadas por la fiscalía. El responsable del caso solicita también la declaración del que fuera presidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner y el vicepresidente Juan José Medina para que aclaren la gestión económica de la Fundación V Encuentro. Ambos dirigentes provinciales formaban parte del patronato de la entidad. De igual modo, incorpora en el listado la comparecencia como testigo de Miquel Domínguez, exconcejal del Ayuntamiento de Valencia que intervino, según indica el fiscal, en algunas contrataciones del evento.