La guerra abierta entre la jueza del circuito de la Fórmula 1 y el nuevo fiscal encargado de las diligencias no admite ya eufemismos. El auto de la jueza en el que atacaba duramente la instrucción del ministerio público encontró este martes una dura respuesta en un escrito presentado por la acusación. Los reproches son casi los mismos. Respecto a la prescripción, le recuerda que es una circunstancia que la instructora debe analizar de oficio, algo que supuestamente no hizo cuando admitió la querella y de ahí esta instrucción judicial.
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No se detienen ahí los ataques del fiscal. La acusación pública arremete por cómo ha llevado la instrucción e insinúa que ha hecho una investigación prospectiva –sin un objetivo claro a la búsqueda de cualquier ilegalidad– algo que la Ley prohíbe. Es en ese punto cuando se pregunta acerca de por qué comenzó a investigar el resto de obras en la Fórmula 1 cuando la querella del fiscal sólo hacía referencia a las tres actuaciones iniciales. Esas pesquisas «no se sustentaban en ningún dato que permitiese suponer que los contratos estaban amañados», reprocha.
Por este motivo se encargó un informe de la Intervención de la Generalitat acerca de estas actuaciones. El órgano auditor concluyó que no existía un perjuicio económico y que, además, se había respetado la legalidad. En el auto no se justifica por qué el criterio de la jueza se aleja «de la conclusión de la pericial» de la Intervención. La magistrada únicamente negó que ese informe descartara de plana la malversación.
Especialmente contundente se muestra el fiscal para aclarar que no hubo malversación. No ya agravada sino tan siquiera el tipo básico. Así, reprende a la jueza por mantener el procesamiento bajo argumentos como que Camps dijo que el circuito no iba a costar nada a los valencianos y finalmente tuvo coste para el erario. «Lo que integra el tipo es apropiarse o dejar que otros lo hagan», recuerda el fiscal.
Y la Fórmula 1 es obvio que se celebró durante varias ediciones en la capital del Turia. Las manifestaciones de Camps en este sentido no tendrían más consecuencias que las políticas, es decir, no votar a un partido que no cumple la palabra. Subraya otra de las debilidades del auto, el hecho de que recoja que Francisco Camps no tenía competencias para dictar el decreto que impulsa la celebración de las carreras.
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La Fiscalía sostiene en su escrito en el que solicitó el archivo de toda la causa que sí las tenía y censura que la jueza no explique su argumentación en las resoluciones que ha dictado. Simplemente se dedica a negar los hechos. Además, responde a la crítica de la magistrada acerca de que el fiscal no pidiera la complejidad de la causa, lo que supone ampliar el plazo para seguir investigando. En resumen, le contesta que también ella podía haberlo acordado de oficio.
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