El fiscal cierra la investigación del rescate privilegiado a la amiga de una alto cargo

El responsable del ministerio fiscal no aprecia una conducta delictiva por parte de las personas que activaron el dispositivo del 112 y que concluyó con la movilización y uso de un helicóptero para un rescate donde resultaba innecesaria la intervención de medios aéreos.

El ministerio público disponía de seis meses para analizar el caso y si apreciaba indicios de criminalidad llevar el asunto a un juzgado. Durante este periodo podía citar a testigos, a investigados e incluso encargar informes, aunque esto se suele reservar para el momento en el que se judicializa el expediente. Pero las indagaciones de la Fiscalía, al parecer, han sido breves. No ha sido necesario agotar el plazo.

En un principio, se apuntó la posible existencia de un delito de malversación por supuestamente destinar a usos privados el patrimonio público. Pero el análisis de la Fiscalía no ha llegado a la misma conclusión. Los hechos analizados se produjeron en 2022. Una denuncia anónima -como buena parte de las que llegan a Antifraude- puso el suceso en conocimiento de los investigadores. Estos, tras una ardua investigación, lo trasladaron a la Fiscalía. No es la primera ocasión en la que existen discrepancias entre la Agencia y el ministerio público.

Mira fue la persona que supuestamente buscó un trato de favor para el rescate de su amiga al comunicar su identidad en el teléfono de Emergencias 112. Pero la realidad es que la responsabilidad de ese privilegiado rescate no hubiera sido de ella sino de las personas que activaron recursos sin existir necesidad. El completo informe de Antifraude, que reclamó las conversaciones con el 112 para reconstruir todo el operativo desplegado, apuntaba a otros responsables, como la médico coordinadora o la directora del Servicio de Atención Sanitaria a Urgencias y Emergencias (Sasue).

El dosier de Antifraude también mostraba que otros cargos intermedios de la Conselleria de Justicia, como el que fuera secretario autonómico de Emergencias con el Botánico, José María Ángel, y Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, conocían este inusual despliegue de fuerzas o al menos que el rescate afectaba a una persona próxima a Mako Mira.

El análisis de Antifraude concluía que estos tratos de favor hacia determinadas personas eran «conductas recurrentes» y citaba, por ejemplo, el caso de una atención al marido de la responsable del Sasue para efectuar un traslado en ambulancia.

La emergencia se produjo en el término de Yàtova, cerca de la cueva de Las Palomas. Se trata, en teoría, de una zona de fácil acceso. De hecho, está frecuentada por niños. El aviso alertaba de una posible fractura de tobillo. El helicóptero aterrizó a escasos metros de la víctima y cuando se les dijo que era esa persona a quien debían rescatar «no daban crédito». Este recurso se utiliza para trabajos en zonas de difícil acceso «y no era el caso», señaló el investigador de la agencia.

Hasta el lugar llegaron además una Unidad de Soporte Vital Básico y dos SAMU. Hubiera sido suficiente el SVB para atender a la paciente. La Conselleria de Sanidad ha guardado silencio respecto a este asunto. Una portavoz informó en su momento que ignoraban el contenido del expediente.

Mako Mira, por otra parte, ya no está en el Consell. Había sido cabeza de lista del PSPV por Valencia y uno de los pesos pesados de Ximo Puig en el Consell, con un papel capital en la compra de material sanitario en la pandemia. Tras el cambio de Gobierno, el PP la mantuvo en el equipo. Tras estallar el caso, dio el salto a la empresa privada.