El juicio del cártel del fuego comenzó con 24 horas de retraso, pero siguió el guion previsto. La Fiscalía llevaba días negociando con los principales acusados un acuerdo de conformidad en el que a cambio de reconocer la culpabilidad –todos los hechos y delitos– se ... beneficiaran de una notable rebaja de pena. Algunos de los pactos se cerraron definitivamente justo antes del juicio, una circunstancia poderosísima a la hora de aceptar condenas.
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El fiscal fue el primero en tomar la palabra. El responsable aclaró que diferentes defensas se habían dirigido a la acusación para solicitar un acuerdo. Insistió especialmente en este aspecto, en determinar que esta actitud activa procedía de los acusados. Y en el caso de Castellano se había producido prácticamente en las últimas horas antes de la vista. Es habitual que los letrados se dirijan a la Fiscalía para negociar conformidades, pero tras la polémica en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al fiscal del cártel del fuego no le pareció un exceso recordarlo.
Ellos, en referencia a los acusados, asumen los hechos y todos los delitos, adelantó el fiscal al tribunal. Si esa ratificación se materializa en la vista -tal y como recogía el pacto y finalmente ocurrió minutos más tarde- se rebajaría en dos grados la pena. La acusación pública aplicará a todos los arrepentidos las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas para justificar ese enorme recorte en el reproche penal.
La Fiscalía, de igual modo, confirmó que no se opondría a la suspensión de las penas de prisión. Pero para todo lo anterior era condición innegociable un reconocimiento «rotundo y sin ambages» de los hechos delictivos que figuran en el escrito de acusación de la Fiscalía. Castellano así lo hizo en su brevísima intervención.
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La acusación enumeró a todos los acusados y precisó las penas que les correspondería a cada uno. A Serafín Castellano, por ejemplo, se le impondrá un año y nueve meses por la falsedad, el cohecho, la malversación y la prevaricación «por su relación ideal y medial» entre todos los ilícitos. Es decir, que un hecho implica varios delitos y que algunas de esas actuaciones son el instrumento para cometer otras acciones delictivas.
Y por el delito de asociación ilícita, por otra parte, cumpliría 10 meses de cárcel. Es decir, dos años y siete meses frente a los 21 de prisión que se solicitaban en el escrito inicial, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS.
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Sin embargo, el exdirigente popular no entrará en prisión. Las penas, por separado, no superan los dos años de cárcel. Castellano podrá de esta forma continuar con su vida, alejado desde hace una década de la política y con un perfil discreto. Se dedica a la Abogacía.
El otro de los acusados valencianos era el hijo del exdirector general de Interior Pedro Hidalgo, fallecido durante el procedimiento. Este se sentó en el banquillo como partícipe a título creativo. Pero se ha retirado la acusación y la Generalitat tampoco reclama indemnización a esta persona, que usó para su provecho un vehículo de alta gama adquirido por la trama.
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Únicamente tres acusados rechazaron el pacto y optaron por celebrar la vista. Entre ellos, el gerente de Avialsa, Fernando Alandí, profundamente enemistado con su jefe y cuya denuncia propició el inicio de toda la investigación judicial. El primer acusado en hablar fue Vicente Huertas, el empresario y dueño del holding. «Me ratifico cien por cien en todos los detalles del escrito», indicó.
«Me ratifico», señaló Castellano. El acusado, a preguntas del fiscal, admitió que conoce las consecuencias de este trato. Ninguna de las partes le interrogó sobre otras cuestiones relacionadas con la Conselleria de Gobernación.
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El exconseller asume con esta confesión que con su actuación benefició a la trama y que, a cambio recibió diferentes regalos, entre ellos estancias en hoteles y jornadas de caza. En este apartado se incluyen facturas en el parador nacional de Albacete, el Hotel Villagadea de Altea, el Hotel Beatriz de Albacete & Spa…, así como en cenas y comidas, servicios de catering y similares». En algún caso, según desveló el gerente de la entidad -profundamente enemistado con Huerta y que incluso llegó a ser condenado- pagos en efectivo, como cuando supuestamente Castellano exigió 5.000 euros para irse a cazar, según las diligencias.
En total, la Fiscalía suma 160.000 euros en regalos de distinta naturaleza. Se trata de una cuantía elevadísima y que indudablemente cuestiona la ejemplaridad de Castellano al frente de Gobernación. Fue, también, conseller de Sanidad, síndic en Les Corts, presidente provincial del PP y delegado del Gobierno. Una etapa manchada ahora por la corrupción.
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