El fiscal general insiste en que seguirá en el cargo después de que el PP le llame «delincuente» en el Senado

Pero a pesar de todo, García Ortiz sí que hizo por explicarse, sin llegar a entrar en grandes profundidades para no entrar en cuestiones judiciales de su procedimiento. Aun así insistió en que no haber borrado los datos de su móvil sería haber «incumplido» las normativas nacionales e internacionales sobre protección de datos. «Borro porque es mi derecho y porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los de otros», aseguró el fiscal, quien se quejó de que se extienda una «sombra de sospecha» por hacer suya la máxima de que «no debemos mantener los datos ajenos cuando ya no son útiles para el fin que se almacenaban».

García Ortiz, que explicó que ha cancelado su cuenta de Gmail por el acoso después de que se filtrara su dirección, lamentó «no poderse defender» y «no salir al campo político» tras las andanadas de la bancada de la oposición. «Hasta cierto punto es fácil meterse con el fiscal general, no hablamos el mismo lenguaje, si lo hiciese sería un parlamentario, no un jurista», argumentó. «Es demasiado fácil que la figura del fiscal general sea recriminada y que se vea como un sujeto sospechoso», abundó.

E insistió en que no va a dimitir porque la institución, pase lo que pase en el proceso abierto contra él, es lo suficientemente robusta para aguantar . «No dimito porque la Fiscalía Española es muy fuerte, tanto que trascenderá a este fiscal general sin perder ni un ápice de credibilidad». Además, argumentó que si abandonara el cargo «estaría haciendo una concesión a los delincuentes» porque, dijo, el crimen organizado en todas su variantes como vea un «ápice de debilidad en los que perseguimos el delito lo va a utilizar». «Desde el punto de vista personal sería más cómodo marcharme, no me aferro a ningún cargo, pero hay que defender las instituciones y los valores», zanjó el fiscal general en la cámara alta.

Para entonces el volumen ya se había elevado bastante. La portavoz popular en la Comisión de Justicia del Senado, María José Pardo, convirtió desde el principio la comparecencia del fiscal general para informar sobre la Memoria de su departamento en 2023 en una acometida para exigir la inmediata dimisión de García Ortiz. «Usted no es el fiscal general del Estado es el fiscal general de Pedro Sánchez», le recriminó Pardo al compareciente, quien solo minutos antes había prometido, al inicio de su intervención que el « Ministerio Fiscal siempre actuará de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley».

Esa promesa formal de Álvaro García Ortiz esta tarde durante la primera comparecencia en el parlamentarismo español de un fiscal general imputado en un proceso penal se vio rápidamente ahogada por la bronca, a la que se sumó, eso sí, con menos intensidad Vox. «Usted es el abogado defensor de los intereses del presidente del Gobierno y no de los intereses públicos», le espetó la senadora popular al fiscal general, antes de calificar de «auténtico esperpento» el doble borrado de los datos de su móvil, al «más puro estilo de un vulgar delincuente».

Pardo denunció igualmente el «servilismo» de García Ortiz frente al «sanchismo» y su falta de «imparcialidad» (como llegar a la comisión arropado por los socialistas). Acusó al máximo responsable del Ministerio Público de «dinamitar la institución» y el «Estado de democrático de derecho» por su afán de no dimitir. «¿Quien la ha dado la orden de aferrarse al cargo?», le preguntó desafiante Pardo. «¿Ha sido 'el 1'?», le volvió a inquirir la senadora en referencia al sobrenombre con el que la 'trama Koldo' denominaba a Pedro Sánchez.

«No olvide usted una cosa, que Sánchez es su patrón y usted es simplemente su peón», le advirtió por su parte la senadora de Vox Paloma Gómez, quien preguntó a García Ortiz si está «al lado de la verdad» o, al contrario, está «al lado de la fábrica de fango y bulos de Moncloa».

García Ortiz llevaba aplazando esta comparecencia alegando motivos de agenda desde que en diciembre la presidenta de la comisión, la popular Yolanda Ibarrola, le exigiera rendir cuentas ante la Cámara alta. El fiscal general -que fue encausado en octubre por revelación de secretos por su supuesta participación en las maniobras de marzo de 2024 para filtrar el correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos fiscales de su cliente a cambio de un pacto con el Ministerio Público -esperaba que la situación fuera amainando antes de intervenir en el Senado. Sin embargo, el procedimiento abierto en el Supremo ha ido 'in crescendo', hasta el punto de que la comisión se va a celebrar en el punto álgido del procedimiento.

De hecho, el fiscal general se enfrentó este martes al escrutinio de los senadores apenas unas horas después de que el juez del caso, Ángel Luis Hurtado, pusiera el foco por vez primera en estos cuatro meses de investigación en La Moncloa, al citar a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera -jefa de Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, y en estos momentos mano derecha del hoy ministro al frente del PSOE en Madrid- y al que fue secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, hasta su dimisión en diciembre pasado.

La comparecencia de García Ortiz llegó, por añadidura, solo una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificara por escrito en un informe que el fiscal general del Estado borró datos de su móvil «hasta dos veces» el pasado 16 de octubre, el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió abrirle la causa por revelación de secretos, además de haber cancelado la cuenta de Gmail a la que sus subordinados le rebotaron el correo electrónico del letrado de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, provocando con ello, además, el borrado total de su 'nube' de almacenamiento digital en Google. Y todo ello al margen de que cambió de móvil el 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal lo encausara y siete días antes de que la UCO allanara su despacho.

La sombra de la sospecha de que el fiscal general del Estado está obstruyendo la investigación se ha ido agrandando no solo en el marco político del Senado, sino también en el propio Supremo. Y ello a pesar de que el imputado, durante su declaración del 29 de enero, justificó el borrado de datos afirmando que lo hace con «absolutamente todo» de «una manera regular» debido a «una imposición legal», con mención a un reglamento europeo, la Ley de Protección de Datos y una instrucción interna de la propia Fiscalía.

De hecho, este mismo lunes el juez Hurtado pidió a la UCO nuevas diligencias sobre el borrado del móvil, como la relación de ocasiones desde junio de 2023 en que Álvaro García Ortiz haya cambiado de dispositivo; la entrega de las terminales por desuso desde el día de la filtración; e información «sobre si los anteriores dispositivos móviles entregados han sido formateados y, en caso afirmativo identidad de la persona que haya procedido al formateo de los dispositivos móviles, fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y 'software' utilizado para efectuar el formateo».