El fiscal de Imelsa y Erial mide sus opciones para presentarse a dirigir la Fiscalía de Valencia

Ambas, Susana Gisbert y Adoración Cano, pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, (UPF), organización cuya pérdida de fuerza en Valencia ha sido notable en los últimos años. La conservadora Asociación de Fiscales (AF), por su parte, busca un candidato para tratar de obtener la plaza, que se publicó el pasado viernes. De momento, nadie ha dado un paso al frente. Fundamentalmente porque existen pocas esperanzas de que la Fiscalía Superior y la Provincial sean para aspirantes de sensibilidad conservadora (Ortiz está vinculado a la AF). No suele ser agradable presentarse a una casi segura derrota.

En ese escenario, con los supuestos aspirantes de la UPF y la indefinición de la AF –en las próximas horas celebrarán una reunión para aclarar su postura– emerge la posibilidad de Pablo Ponce. El fiscal delegado de Anticorrupción aterrizó en la sección hace más de una década en un momento especialmente convulso en el departamento ante la sucesión de casos de corrupción, la inmensa mayoría del Partido Popular. En aquel entonces coincidió con Vicente Torres ahora magistrado del TSJ por la cuota autonómica y con Jesús Carrasco, el primer delegado de Anticorrupción que tuvo Valencia.

Ahora es el fiscal con más experiencia en Anticorrupción. Ponce arrastra una circunstancia diferente a la del resto de eventuales aspirantes. No cuenta con el respaldo explícito de ninguna asociación. Esto puede ser una desventaja. Pero también es interpretado al contrario por otras fuentes que, insisten, es un aval no tener esa 'dependencia'. Resulta una incógnita el planteamiento que el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, pueda tener para la demarcación de Valencia, pero el único perfil 'independiente' de las asociaciones es ahora mismo el de Ponce, quien mide sus opciones antes de dar un paso en falso.

En su currículum destacan tanto investigaciones al PSPV como al PP. Ha liderado, por ejemplo, el caso Imelsa, con Alfonso Rus como principal protagonista, pero también el juicio de Alquería, la supuesta trama socialista de colocación de cargos afines en la empresa Divalterra. En este último asunto, por otra parte, todos salieron absueltos. En los últimos tiempos su principal ocupación ha sido el caso Erial, donde se ha investigado la supuesta fortuna oculta de Eduardo Zaplana en el extranjero, dinero procedente del presunto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. La Audiencia prepara la sentencia.

La Fiscalía Anticorrupción genera una evidente presión extra sobre los responsables por la complejidad de los asuntos, pero también por el revuelo mediático que los sitúa, en ocasiones, en el foco de la opinión pública. En este sentido, la probable apuesta de Ponce por la Fiscalía Provincial se interpreta como un intento de cerrar una etapa especialmente intensa y de enorme desgaste para cambiar hacia otros cometidos, de carácter organizativo y alejado de las dilatadas instrucciones y juicios.