El fiscal libra a los arrepentidos del caso Zaplana de ir a prisión, pero pagarán 11 millones en multas

Los acuerdos para los Cotino, el exjefe de gabinete Juan Francisco García y el testaferro Barceló han resultado tremendamente beneficiosos para los arrepentidos, que se enfrentaban a penas de una media de diez años de prisión. Ninguno irá a prisión, aunque deberán afrontar multas de cerca de 11 millones de euros. Asunto diferente es que puedan sufragarlas. Ahora se debe hacer una averiguación de sus bienes y de la solvencia económica.

La Fiscalía también rebajó dos años la petición para el expresidente al retirarle un delito de falsedad y deja sin efecto las acusaciones a tres de los procesados, entre ellos, Elvira Suances. El expresidente José Luis Olivas es otro de los beneficiados. El fiscal modificó el tipo de cohecho por el que se le acusaba y la pena se queda en dos años. Este ilícito castiga la comisión de un auto injusto, pero no la de un delito como el anterior del que era acusado.

Los empresarios, los corruptores de Zaplana y su mano derecha en la Administración, evitarán entrar en prisión. La Fiscalía pide ahora a Vicente Cotino una pena de dos años y medio por delitos de blanqueo, cohecho y falsedad. Y una multa de 4,3 millones de euros. Las penas de cada uno de los ilícitos no supera los dos años por lo que la Fiscalía pide también la suspensión. A su hermano José Cotino la solicitud de pena es de dos años y la multa de 320.000 euros por el blanqueo.

Los dos acusados principales del núcleo más cercano a Zaplana también se libran de la cárcel. Juan Francisco García, por su parte, será condenado, salvo sorpresa mayúscula, a dos años y 11 meses de cárcel, por todos los delitos. Sin embargo, ninguna de las penas (por blanqueo y cohecho) supera los dos años. Tendrá que pagar una multa de 1,3 millones de euros. A Barceló, en cambio, se le imponen un año y ocho meses por blanqueo y grupo criminal. En su caso, la multa es de cinco millones. Todo este dinero irá al Tesoro Público.

La Fiscalía Anticorrupción también rebajó las peticiones para otros tres acusados. El ministerio fiscal ha admitido que no había indicios para seguir la acusación contra Elvira Suances por un delito de blanqueo. Lo mismo para Pedro Romero, el peluquero de Zaplana y Aznar, porque, en definitiva, la carta de fiducia estaba sin firmar. Idéntica conclusión para el otro empresario, Ángel Salas, por falta de pruebas.

La Fiscalía ha pretendido en un extenso informe exponer todos los hechos y trasladar al tribunal como, tras cada paso, avance o decisión de la red delictiva, figura Eduardo Zaplana. Desde el dinero de Luxemburgo hasta la contratación del testaferro Fernando Belhot y la posterior repatriación del dinero. Anticorrupción ha aclarado que estamos frente a la prueba indiciaria y es ahí donde tiene importancia «el valor reconstructivo de los hechos».

El ministerio fiscal ha recordado cómo sorprendentemente en esta causa destaca la «filantropía» de Zaplana y el resto de acusados que parecen moverse por el interés altruista de hacer favores al exministro. El relato de la Fiscalía ha comenzado en el amaño de los procesos de adjudicación de las ITV y los parques eólicos. «Todavía no sabemos qué necesidad existía para privatizar las ITV», apuntó.

La privatización «vino motivada» por el concierto que había entre Zaplana y Juan Cotino. Y el «amaño» se realizó mientras se gestaba. De esta forma, el arreglo se produjo «cuando se confeccionaron los pliegos o en las reuniones con empresas licitadores. Con toda la información obtenida ahí, se confeccionaron las condiciones y se llevaron a la Mesa de Contratación. Ahí ya estaba todo decidido». El fiscal llegó a definir este proceso como un «procedimiento administrativo criminalizado».

El fiscal llamó la atención sobre la eliminación del interventor que participó inicialmente en el proceso, que advirtió sobre la valoración económica -que dejaba de ser objetiva- y al que se le cesó dos días antes de que la Mesa de Contratación adjudicase la contratación, según ha informado Europa Press. «Le notificaron dos días antes que tenía que ser sustituido por otro. ¿Y quién firmó su cese? El entonces conseller Olivas. Se hizo de manera fina sobre la única persona que cuestionó los criterios y que mantuvo disputas con el presidente de la Mesa. Se le cambió por decisión unilateral para que no hubiese problemas».

La acusación se concentró en demostrar que Zaplana estaba detrás del dinero de Luxemburgo y ha encajado algunos hitos de todo el proceso con las agendas del expresidente. Especial esfuerzo ha dedicado a explicar cómo todo el dinero que llegaba a España, en realidad, no lo disfrutaba el testaferro Barceló sino el exministro. Así ocurrió, según su relato, con las compras de los yates, que sólo disfrutaba el político, con la operación en la compra de una parcela en La Finca o posteriormente con un piso de lujo en Madrid adquirido con las plusvalías de la operación anterior. En ese domicilio, por ejemplo, residió cerca de ocho años, pero nunca le vieron entrar por la puerta principal. «Entraba en su casa como un hurón», manifestó el fiscal.

De igual modo, ha recordado la gran cantidad de dinero que manejaba en efectivo el expresidente. «¿Cuánto dinero en metálico necesita esta persona en su día a día? Esto es incompatible con la vida de una persona real».

El otro de los asuntos controvertidos y que también se investigan en el caso Erial son los parques eólicos. El ministerio público afirmó que fue un procedimiento diseñado con «ropaje formal» y que se inició durante el mandato de Zaplana. Ha indicado que lo más «relevante» es que el documento que sirvió para la adjudicación estaba firmado por una persona que negó haberlo elaborado. Y, además, el mismo se preparó cuando se atenían todas las ofertas presentadas. El procedimiento se siguió con Olivas y «era un suicidio salvo para las empresas concertadas con Cotino», apostilló.