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Adoración Cano es una de las fiscales que ha pedido la plaza vacante que quedaba en Anticorrupción tras la marcha de Jesús Carrasco, el primer delegado de la sección en la Comunitat Valenciana, según fuentes oficiales. El plazo terminaba a las 13 horas de ayer. Sería una sorpresa que otro compañero se hubiera presentado también al puesto.
La aspirante pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). De hecho, forma parte del Secretariado, el órgano de Gobierno de la entidad. Cano ya intentó en su momento, durante la última renovación de la Fiscalía de Valencia, presentarse a la plaza de fiscal jefe. Lo hizo para disputar el puesto con su compañero en la UPF, José Antonio Nuño de la Rosa. Finalmente resultó elegido José Ortiz, aspirante por la Asociación de Fiscales, organización de carácter conservador. Actualmente la fiscalía Anticorrupción cuenta con dos responsables Pablo Ponce y Virginia Abad. No pertenecen a ninguna de las asociaciones.
En el plano profesional, Dora Cano destaca por haber llevado la instrucción de la investigación del accidente de metro. En realidad, de la instrucción tras la reapertura del caso, en esa segunda fase que se prolongó durante años, más que la investigación inicial. En este periodo, llevó las pesquisas, en ocasiones, con la colaboración de otros responsables del ministerio público. Finalmente, el caso se cerró con la condena a penas mínimas para cuatro responsables del siniestro y la retirada de la acusación para el resto, entre ellos, la máxima dirigente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia.
También se ha hecho cargo en los últimos años, de lo que se conoce como el caso Ivacor. Un supuesto trato de favor al coleccionista Luis Caruana en la restauración de libros de enorme valor económico. La Audiencia todavía no se ha pronunciado tras el archivo que decretó el juzgado.
La marcha de Carrasco causó cierta sorpresa. Era el primer delegado que tuvo la sección en la Comunitat y fue el que impulsó la investigación contra el exconseller Rafael Blasco, que finalmente terminó en condena de seis años y medio. En los últimos años se había concentrado en la investigación por los contratos de la visita del Papa.
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