La fiscal pide el archivo de la causa de la F-1 contra Camps

valencia. La causa general de la organización de la Fórmula 1 en Valencia, que pretendía ser un repaso penal a todo el proceso de negociación por el que Francisco Camps trajo el evento automovilístico a Valencia, quedó desde hace más de un año limitada únicamente a las consecuencias que generó -si realmente las hubo- que la Generalitat se convirtiera en avalista de Valmor frente a la empresa de Bernie Ecclestone. Así lo acordó la Audiencia en una reapertura del caso de 'mínimos' tras el recurso de la Abogacía porque suponía, en definitiva, validar la legalidad sobre el resto del proceso. Ahora Anticorrupción ha vuelto a pedir el sobreseimiento de esta causa en la que sólo Camps está imputado.

Las pesquisas pretendían aclarar si se produjo un delito de prevaricación con la firma del aval. Anticorrupción ha llegado a la conclusión de que no existen indicios de criminalidad. Cita el informe de la Intervención de la Generalitat y su ratificación en el juzgado donde se explica que no existe un procedimiento administrativo concreto que regule la concesión de este tipo de garantías.

Hubo un vacío legal. El aval de la Fórmula 1 no tenía encaje en la legislación autonómica; no estaba contemplado en la Ley de Hacienda Pública. El informe de Anticorrupción recuerda que la prevaricación es necesaria encuadrarla en una norma para determinar si se ha cometido una infracción. En este supuesto resulta imposible. «¿Cómo iba a tener el autor la conciencia de que actuaba en contra del ordenamiento jurídico cuando no lo había?», recoge el escrito. Aborda la responsable del ministerio público otro de los elementos del tipo, el hecho de si fue una resolución injusta. La finalidad de aquel acuerdo, que se firma antes de que Camps dimita como presidente por el juicio de los trajes, era que Valencia consiguiera la exclusividad del Gran Circo en España. Y esto en un evento que fue declarado de interés general por parte del Consell. Por tanto, también rechaza esta posibilidad.

Otra de las tesis que apuntó la Audiencia en su reapertura era que con el aval quizá pudo cometerse un delito de malversación en grado de tentativa al poner en riesgo el patrimonio público. Pero la Fiscalía no tiene dudas de que la condición suspensiva o previa del aval -el hecho de que Valencia fuera el único Gran Premio de F-1 en España- nunca llegó a cumplirse y, por tanto, el contrato no desplegó sus efectos, es decir, el aval no se activó.

La Generalitat, en cambio, en otra interpretación de la norma, entiende que sí tuvo efectos. Al margen de esta cuestión, lo que la Fiscalía considera determinante es si hubo o no un daño patrimonial. La posición de garante de la Administración, según la tesis de la Abogacía, comenzó en julio de 2011. Pero «la vigencia de esta garantía apenas duró unos meses porque en marzo de 2012, el Consell compra Valmor», subraya la fiscal. De tal forma que finalmente el Consell asume en su integridad a través de dos empresas públicas el coste del evento. El Tribunal de Cuentas no apreció perjuicio en esta operación y recientemente la jueza de Instrucción 2 de Valencia archivó la compra de Valmor. El razonamiento final de Anticorrupción es el siguiente: « Si no se causó un perjuicio asumiendo directamente la Generalitat la organización íntegra del evento, difícilmente se pudo causar asumiendo una obligación de carácter subsidiario». La Intervención tampoco vio un quebranto económico.

Francisco Camps es el único investigado en esta pieza. En los inicios de esta causa, la fiscalía -en aquel entonces el caso estaba en manos del actual magistrado del TSJ Vicente Torres- se querelló también contra el piloto y socio de Valmor Jorge Martínez 'Aspar' y contra la exconsellera Lola Johnson. Ambas acusaciones se evaporaron con el avance de las diligencias. Sólo quedó el presidente en el asunto que ahora Anticorrupción quiere archivar. La decisión vuelve a estar en manos de la titular de Instrucción 2 de Valencia.