El fiscal pide el archivo de la última ofensiva de Ribó contra la gestión del PP

Otra ofensiva judicial de Compromís contra el PP de Rita Barberá, en este caso liderada por el propio Joan Ribó, en la que la Fiscalía no aprecia la existencia de delito y pide el archivo de las actuaciones. Se trata de los contratos encargados desde el Consistorio a la empresa Trasgos y toda una serie de mercantiles satélites del entramado. El periodo analizado (2002 a 2014) se centra en los eventos de Expojove y la Japan Week. Esta causa es al margen de la investigación al PP de Valencia en la que Anticorrupción mantiene que Trasgos colaboró en la financiación ilegal del partido en 2011.

El fiscal, en un exhaustivo informe, recuerda en primer término la jurisprudencia sobre el delito de prevaricación y subraya que no toda infracción administrativa o irregularidad puede conducir directamente al citado ilícito penal. Es necesario, un plus, una manifestación del capricho, de la «arbitrariedad» de una autoridad o funcionario público en el procedimiento. Y estos requisitos no concurren en los hechos denunciados en 2014 por el hoy alcalde de Compromís.

El ministerio público analiza el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que apunta a la existencia de indicios delictivos en el equipo de Gobierno del PP. El fiscal, en cambio, entiende que «algunas -no todas- de esas irregularidades pueden serlo a nivel administrativo», pero en ningún caso puede hablarse «de una actividad delictiva destinada a la adjudicación a favor del grupo empresarial». Esta conclusión se sustenta en que no se da un «resultado injusto» porque todos los servicios se ejecutan y están, además, en precios de mercado. Además, tampoco existen indicios de que los concejales actuaran conscientemente en contra del ordenamiento jurídico.

El responsable del ministerio público alude incluso a la interpretación excesivamente purista de la normativa administrativa que efectúan los agentes de la Udef y su constante remisión a estudios o regulación (una de ellas del Gobierno de Aragón) que «quizá exceden las reglas de la pura lógica». La Udef llamó la atención sobre el excesivo peso que se da a cuestiones subjetivas, como la experiencia. De igual modo, criticaba la adjudicación de servicios a empresas del grupo fuera de su objeto social o la falta de fiscalización previa o contratación. Estas cuestiones, en algunos de los contratos, podrían dar lugar a una nulidad. Pero son deficiencias que pueden ser salvadas por actos administrativos posteriores.

El punto de mayor enjundia en el informe policial es el posible fraccionamiento de contratos a las empresas del entramado de Trasgos para evitar el concurso. El fiscal enumera que este hecho se produjo en diez ocasiones en 15 años. Se trata de una irregularidad administrativa de especial relevancia que podría llevar a un delito de prevaricación. En algunos casos -sostiene la acusación pública- la Intervención puso reparos, pero no por apreciar fraccionamiento. En contra del informe policial, no se fraccionan a las citadas empresas contratos relativos a un mismo evento sino que se trata de cuestiones y objetos diferentes dentro del mismo certamen, matiza el fiscal.

En este punto, insiste en que lo deseable hubiera sido que los servicios se sacaran a concurso porque se traba de acontecimientos (Expojove, por ejemplo) que se celebran todos los años. Lo mismo sucede con los desembolsos de la Japan Week. El fiscal señala que son tantos los departamentos que intervienen en estas adjudicaciones que no puede hablarse salvo de manera especulativa o prospectiva de un grupo u organización dedicada a adjudicar arbitrariamente contratos a Trasgos.