El fiscal pide a Blasco casi tres años por el amaño de contratos de informática

El caso Cooperación, la trama de adjudicaciones ilegales por parte del conseller Rafael Blasco, se despedazó en tantas piezas que algunas, producto del paso del tiempo y la celebración de los principales juicios por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo, cayeron en el olvido. Es lo que, al parecer, ocurrió con la conocida como pieza 5, el amaño de los contratos de informática para la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

De nuevo, el trío de cabecillas de toda esta trama aparece entre los acusados. Se trata de Rafael Blasco, la que fuera su mano derecha en su carrera en la administración, Tina Sanjuán, y el empresario de cabecera del político, Augusto César Tauroni.El siete veces conseller se enfrenta a una pena de cárcel de dos años y ocho meses, dos meses más que la petición para Tauroni. Sanjuán, en cambio, se queda con una solicitud de dos años de privación de libertad. Las diligencias han salpicado también a Javier Murcia, funcionario y jefe del servicio de informática del departamento.

Los hechos se remontan al periodo 2008-2011. La conselleria debía renovar diferentes contratos en el departamento de informática. De nuevo Blasco, según la fiscalía, se concertó con Tauroni -eran amigos desde hacía años- para que sus empresas se quedaran con el servicio. Para ello encargó a Tina Sanjuán, persona de su máxima confianza, que hiciera todas las gestiones necesarias para amañar los concursos a favor de su empresario de cabecera. Esta no dudó en cumplir las órdenes y se lo comunicó al responsable de informática de la conselleria, el cuarto acusado.

Tauroni y Tina decidieron que lo más beneficioso para sus intereses sería acudir a un procedimiento llamado de contratación centralizada a través de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda, mediante empresas adheridas a la central de compras del Estado.

Fue entonces cuando contactaron con Fujitsu e Indra, dos firmas con acceso a la citada plataforma, para que posteriormente estas subcontrataran a Dinamize, una de las sociedades de Tauroni. De esta forma se conseguía ocultar que el amigo de Blasco era el verdadero beneficiario de todo el proceso.

En otros contratos de menor cuantía, se optó por el procedimiento negociado sin publicidad, que permitía la invitación de tan solo tres empresas. Era Tauroni el que directamente o a través de comerciales contactaba con estas mercantiles para "convenir" con la misma la subcontratación de los servicios adjudicados a favor de una de sus empresas, siempre según el relato del ministerio fiscal.

El ministerio público atribuye al jefe de informática la elaboración de los pliegos de los expedientes de contratación y las propuestas de adjudicación. También era este funcionario el que supuestamente certificaba los servicios de las facturas que la trama presentaba al cobro.

En realidad, según la fiscalía, el factótum de todo el proceso parece ser Tauroni, que ordenó a quién se debía contratar e impuso las condiciones para que le subcontrataran. En algunas operativas usó también otra mercantil que controlaba a través de un testaferro. Están acusados de amañar hasta seis expedientes.

El ministerio fiscal considera que se han cometido delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración. Al margen de las penas de cárcel -todos ellos ya fueron condenados por las tres primeras piezas del caso Cooperación- se reclaman 400.000 euros de multa para Blasco, mientras la cantidad para Tina Sanjuán será de 300.000. Otra de las investigaciones abiertas, la del sistema Abucasis de la Conselleria de Sanidad, finalmente se archivó.