La fiscal pide procesar a la nueva asesora de Dalmau

La situación judicial de la exportavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, se ha complicado. La ahora nueva asesora en Vivienda del vicepresidente segundo Rubén Dalmau estaba investigada por la adjudicación del convenio de Educación a su excompañero de Podemos, José Manuel Rodríguez. Un proyecto de 100.000 euros para la realización de un mapa escolar. En su día, el PP ya alertó de la circunstancia de que ambos compartieran partido y pusieron en duda las escasas competencias en esta materia del Consistorio y la necesidad del estudio cuando la mayoría de las cuestiones recaen sobre la Conselleria de Educación.

Pero, sin duda, las pesquisas añadieron indicios delictivos tras la petición de la acusación del PP de que la Universitat enviara los gastos que el profesor había cargado al convenio. Fue entonces cuando se descubrió que el docente había utilizado los fondos para la compra de artículos tecnológicos como un ordenador portátil, un iPad, dos cámaras de fotos –una de ellas de más de 1.000 euros más la contratación de un seguro– y la más que relevante adquisición de una mesa de juntas de cristal por otros 200 euros. Los abonos se completaban con las dietas de un viaje a París para participar en unas jornadas de la Europa Insumisa.

La fiscalía ha presentado un escrito en el que pide al juzgado la transformación de la causa en procedimiento abreviado, lo que equivale a dictar un auto similar al del procesamiento en el que se detallan los hechos y los delitos supuestamente cometidos. Esta resolución pone punto y final a la instrucción y da traslado a las acusaciones para que presenten sus respectivos escritos. Considera que los hechos, a estas alturas de la instrucción, pueden encuadrarse en los ilícitos de malversación y prevaricación.

La historia se remonta a 2016 cuando Rodríguez participó en el Foro Lluis Vives. «Se me acercó la jefa de servicio de Educación y me comentó que sería interesante hacer un estudio sobre el mapa escolar en Valencia». Al parecer, la falta de información de este asunto se había debatido en el Consejo Escolar.

Meses más tarde, se celebró una reunión en la que está el profesor, junto a una responsable de la Universitat y la jurídica de la Concejalía. El titular de Sociología aseguró al juez que sólo puso una condición: «Que no se cobrara directamente por las personas que iban a desarrollar los trabajos sino que revirtiera en la propia investigación financiando la asistencia a congresos, publicaciones...».

El acuerdo tenía una dotación de 31.000 euros al año. Fue el propio Rodríguez quien elaboró ese cálculo –«a la baja», aclaró–.

No encontró una explicación convincente acerca de por qué no se incluyó la memoria económica en un primer momento y afirmó que él la remitió a una responsable de la Universitat de València. La exedil, María Oliver, ya investigada en la causa y que ahora será procesada, únicamente ordenó que se hiciera el trabajo, pero no intervino en las negociaciones entre la Universitat y el Consistorio.