El fiscal pide seis años de cárcel a las exalcaldesas de PP y PSOE de Benirredrà por contratos con un funcionario de Museos

La corrupción se extiende entre los partidos más allá de su ideología. El ejemplo de Benirredrà constituye un buen ejemplo. Dos de sus exalcaldesas, Cristina Gutiérrez (PP) y Dolores Cardona (PSPV) afrontan seis años de cárcel cada una por ser partícipes de lo que se ha bautizado como la trama de las asesorías.

La red, encabezada por el exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, Sancho Sempere, y por el entonces funcionario del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu, se dedicaba a facturar en diferentes municipios por informes jurídicos de escaso valor o simplemente innecesarios. En esta localidad, que se sitúa en 1.500 habitantes, lograron un buen pellizco para sus empresas: más de 100.000 euros. Las dos primeras ediles efectuaron contrataciones con la sociedad Asesores Económicos Públicos –firma en la que figuraba la hija de Parra Mateu para evitar que este, siendo funcionario, apareciera en los órganos de control– sin respetar los procedimientos legales. Estos hechos contaron con el consentimiento del secretario del Consistorio que no exigió la convocatoria del preceptivo concurso o procedimiento negociado y que también figura entre los acusados.

Parra Mateu, además, nunca pidió la compatibilidad administrativa para ejercer actividades privadas ni por parte de la Generalitat ni por parte del Consorcio de Museos, donde trabajaba cuando estalló el caso. El acusado se aprovechaba de que en poblaciones tan pequeñas, como donde se produjeron los hechos, es habitual la ausencia de controles. Esta circunstancia le ha permitido facturar con numerosos municipios. El negocio era redondo. Le permitía obtener unos relevantes ingresos al margen de su nómina como funcionario.

El fiscal llama la atención acerca de que en ninguna de las facturas por los servicios bajo sospecha aparece la firma del funcionario como que se ha recibido el servicio o trabajo por el que se paga. Tampoco se realizaron otras comprobaciones. "Simplemente se limitaron a pagar lo que el acusado ponía encima de la mesa", indica la acusación.

Tras el exhaustivo repaso de las facturas, alguno de los conceptos "no responde a un trabajo exigido legalmente". En otros supuestos aparecen asesoramientos a la Asociación Cultural Benirredrà, una entidad al margen del Consistorio por lo que no se entiende que se compute dentro de las cuentas locales. En el año 2009 se repite parte de esta operativa y se detectan trabajos a la citada organización que no responden a ninguna función efectiva para esa institución.

El fiscal destaca el porcentaje de facturación de la citada empresa (13%) en comparación con el gasto corriente del Ayuntamiento. No obstante, pese a contar con tan costoso asesoramiento, la deuda que presenta el municipio sobrepasa los 400.000 euros. Los cabecillas de la trama ya acumulan otras condenas por hechos similares.