El fiscal quiere acusar a Benavent por los 150.000 euros que cobró de la fundación Jaume II el Just

Anticorrupción ha recurrido el auto de procesamiento de la pieza de los supuestos amaños de la Concejalía de Cultura en la época de la edil María José Alcón. El fiscal considera que la resolución obvia unos hechos de evidente responsabilidad penal, la contratación de Marcos Benavent en la fundación Jaume II el Just. Se da la circunstancia de que en el momento de su incorporación, en la entidad trabajaba como gerente Vicente Burgos, primer marido de Alcón. Este reconoció en su día que su amigo nunca trabajó allí. Ni siquiera tenía una mesa asignada.

A Benavent le asignaron un cargo, el de director de eventos, aunque no consta un contrato con la fundación. Esta alegalidad no le impidió embolsarse algo más de 150.000 euros durante cuatro ejercicios.

La Fiscalía sostiene que esos emolumentos eran una forma de compensar la labor –de recaudador, se entiende– que efectuaba para el PP.

El final de la citada fundación fue catastrófico. Al igual que otras sociedades públicas, cerró con una deuda de 36 millones de euros. Esta práctica de pagar un sueldo desde una empresa pública pese a carecer de funciones no es algo que sorprende a la acusación pública.

De hecho, es un sistema que se desarrolló ampliamente con la llegada de Benavent a la gerencia de Imelsa. La UCO ha acreditado que numerosas personas fueron colocadas por su afinidad política con el PP. Alfonso Rus y su jefe de gabinete Emilio Llopis conocían estas prácticas ilegales, según la Fiscalía. Ambos se sentarán en el banquillo de los acusados por estos hechos.

Esta pieza separada de Imelsa, la de los contratos del Ayuntamiento para restaurar la Lonja, los Torres de Serrano y algunos puentes históricos, no reúne demasiados indicios. De hecho, la acusación popular ha anunciado que no presentará escrito de acusación.

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