El fiscal reprocha al Ayuntamiento su intento de ser acusación en Azud y le recuerda su papel en Imelsa

El Consistorio, donde Compromís gobierna en coalición con el PSPV, busca ahora amparo en la Audiencia tras la negativa de la juez y la Fiscalía a su personación.

Anticorrupción no duda en afearle su insistencia y le recuerda, por ejemplo, su papel de comparsa en Imelsa. En aquella pieza sí fueron parte y sorprendentemente, cuando más debían defender los intereses de la Corporación anunciaron su marcha del procedimiento. No presentaron ni escrito de acusación. Y todo pese a que entre los acusados figuraba una alta funcionaria. Aquello fue justo después de que maniobraran para conseguir la imputación de una exedil del PP, Mayrén Beneyto. No lo lorgr

Recuerda el ministerio público, igual que en su momento explicó la juez que parece, además, existir un conflicto de intereses entre el Ayuntamiento y sus propios funcionarios porque en esta causa alguno de ellos ha declarado como testigo "cuya imparcialidad en esta clase de procedimientos hay que preservar, sin reproches de la defensa a actuaciones parciales o influenciadas por su condición de funcionario en activo del Ayuntamiento defendiendo sus interés particulares"

Pero también se refiere, en otro momento, a los investigados imputados que ejercen sus funciones "con absoluta normalidad y sin que el Ayuntamiento les haya abierto un expediente o controle de forma administrativa sus funciones".

De igual modo, tampoco es "infrecuente" recurrir a la corporación municipal para el encargo o redacción de informes periciales, más tratándose de un asunto relacionado con el urbanismo en la ciudad. De ahí que pueda resultar complicado el encaje del Ayuntamiento como acusación particular o popular.

El escrito del ministerio público habla de la "profunda equivocación" de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de lo que significa personarse en una causa penal. "Una Administraciónn Pública no es una entidad privada, ni una aseguradora, es un organismo puesto al servicio de los ciudadanos para una gestión de determinados servicios públicos, existiendo otras instituciones públicas que desarrollan la función pública en el proceso penal velando los intereses generales", recuerda Anticorrupción.