El fiscal reprocha al tribunal de Alqueria que sostenga que se puede contratar en Imelsa por afinidad ideológica

El escrito al que ha tenido acceso este diario señala que sostener esa posibilidad, tal y como hace la sentencia, infringe lo recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, que sostiene que la designación del personal directivo de las administraciones públicas «atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia».

El recurso del ministerio público, de más de 60 páginas, señala que el hecho de designar a personas políticamente afines, incluso aunque tengan una amplia experiencia laboral, «carece de importancia y relevancia a la vista de la regulación legal», porque «sigue siendo una designación al margen de los principios legales (…) sin que quepa relajaciones ni interpretaciones contrarias al texto constitucional».

El caso Alquería le costó la dimisión al alcalde de Ontinyent y en 2018 presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido junto a algunos de sus colaboradores más cercanos en una llamativa operación policial. La Audiencia de Valencia decidió, justo tras las elecciones del 28-M, absoluver a todos los acusados. Rodríguez negocia ahora con PP y PSPV a qué partido apoya para dar la mayoría en la corporación provincial.

El fiscal, que presenta su recurso ante el TSJ valenciano, cita un apartado de la sentencia en el que se reconoce que las personas con contratos de alta dirección «no ejercían funciones de alta dirección» y que, en cambio, constituían un «mero artificio para dicha contratación». En el escrito se rebate el planteamiento contenido en la sentencia de que se dotó a Imelsa de una nueva estructura y luego se buscaron a las personas para que llevaran a cabo ese desempeño. El fiscal sostiene que fue justo al revés: «Se contrataron a las personas elegidas por los políticos adscritos a los partidos que gobernaban la Diputación y posteriormente (…) se explicó la estructura que pretendían implementar». «Fue una decisión política», se señala en otro momento.

Anticorrupción señala también que carecía de toda lógica que se quisiera implantar en Imelsa la misma estructura que en la Diputación de Valencia, y lo constata mencionando un correo que revela «el montaje completo de la alta dirección», señala que los estatutos de Divalterra no preveían esos puestos de alta dirección y que había 9 contratos de alta dirección que no se correspondían con todas las direcciones de área». «El único criterio de selección de los nombrados fue político», se zanja.

El fiscal cita el informe de la Intervención del Estado que pone de manifiesto la falta de justificación para la aprobación de esa nueva estructura de la empresa, que pasa de un contrato de alta dirección a nueve, y que señala que «la actividad de la empresa no tiene ningún aumento que justifique la estructura creada». Aspecto que ratifica el gerente de la empresa cuando señaló que el despido de los contratados no supuso ninguna merma para la actividad de la firma.