El fiscal, sobre el call center de Rus: «Aquí se han tirado 845.000 euros por la alcantarilla»

Este es el único asunto de toda la macrocausa de Imelsa que no se sustenta o arranca de los famosos audios que recopiló Marcos Benavent a su círculo de confianza sino de sus revelaciones en las testificales de la UCO. En aquel momento colaboraba con los investigadores antes de su repentino cambio de guion para desmontar la causa judicial. Explicó, tal y como ha recordado el fiscal, que todo esto fue un favor de Alfonso Rus al suegro de Benavent, Mariano López, porque no tenía recursos económicos tras algún fracaso empresarial.

Anticorrupción ha apuntado a Rus, como el factótum, de todo este irregular proceso. Controlaba la Diputación, pero también Imelsa. «Nombra a Benavent, Salvador Deusa y Ricardo Marí -«la comandita de la presidencia»-, ha señalado. Maneja específicamente Imelsa "a través de los órganos directivos". Es amigo del suegro de Benavent y tiene poder sobre él. «Pero es que la encomienda de gestión también la hace Rus, un proceso que fue declarado nulo de pleno derecho». El expresidente participa en todas las decisiones, es él quien valida «si se sigue o no el expediente pese a todos los incumplimientos».

El fiscal ha precisado que todo se amañó en los pliegos, confeccionados por uno de los acusados. «Tenían muchas deficiencias, que son fundamentales para la adjudicación. Se van manejando criterios a elección y así no todos se encuentran en igualdad e condiciones».

La acusación puso un ejemplo, el de la previsión de llamadas telefónicas. En el pliego se pusieron unas 350.000. «Pero sólo se reciben 264.000 y se atienden apenas 169.000. Pese a la saturación de la que hablaban, la realidad es que no llamaba nadie. No se hizo una campaña de divulgación para dar a conocer el servicio». Todo esto se materializó porque eran conocedores de que no se iba a supervisar ninguno de los aspectos.

La contratación de Servimun, la empresa finalmente adjudicataria, era inevitable cuando los pliegos se habían hecho para favorecerla. Pero, además, es que de todas las mejoras que proponían -«da vergüenza recordarlas»- no cumplieron ninguna, según el fiscal. Ahí estaba una atención el sábado por la mañana, una hora más entre semana, el soporte técnico permanente, aplicación informática propia, campañas masivas... Nada de todo esto se cumplió. «Aquí se han tirado 845.000 euros por la alcantarilla. Nos hemos gastado un dinero que no sirve para nada», ha lamentado el fiscal.

La realidad es tozuda, ha precisado el responsable. Cuando el contrato no se renueva, todo lo que había montado Imelsa, lo desinstala y se lo lleva a Imelsa. Y de ese servicio pasan a encargarse los auxiliares del servicio de Gestión Tributaria. No se registraron incidencias, según el relato del fiscal.

«Esto es más grave que una malversación de meter la mano en la caja porque aquí se crea todo un entramado para hacerlo», ha resumido el ministerio fiscal. «Aquí estamos hablando de una operativa que quebranta la confianza de los ciudadanos en el sistema», ha subrayado de una cita del Tribunal Supremo.

El blanqueo de capitales de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, la mercantil controlada por el suegro, ha sido otro de los supuestos donde se ha concentrado el fiscal. «Se crea el mismo año de la adjudicación. No tiene trabajadores ni gastos al margen de la tarjeta con la que saca el dinero López».

De hecho, la Seguridad Social no tenía constancia de esta firma. «Interpone la empresa para ocultar de dónde procede el dinero». Es la ocultación el rasgo definitorio de este ilícito; un delito de carácter indiciario, ha explicado el fiscal. La petición de pena para el suegro se ha rebajado a siete años de cárcel frente a los más de diez iniciales. La misma rebaja se ha aplicado también a su mujer y cuñada.