La fiscal Teresa Gisbert apunta al Supremo

A Gisbert apenas le restan unos días para terminar su mandato como fiscal superior del TSJ. Una responsabilidad en la que desembarcó tras tres mandatos -el último interrumpido- como fiscal jefa de Valencia. Era su 'salida' natural al igual que la que ahora parece dibujarse en su horizonte. Gisbert, militante activa de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), mantiene una fluida relación con el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro Ortiz, y en su momento también con la exministra Dolores Delgado. No es la única solicitante de la plaza, pero su nombre se da como favorito.

El puesto no está exento de cierta polémica. El nombramiento del antecesor Eduardo Esteban fue anulado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo -algo inédito hasta la fecha- por la falta de motivación. La artífice de aquella decisión fue la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.

El hecho de que sea una propuesta discrecional del FGE -tras escuchar el criterio del Consejo Fiscal- no implica prescindir de unas exigencias mínimas de por qué un candidato es merecedor de ese cometido, argumentó entonces el alto tribunal. Gisbert no debería tener problemas en este aspecto. Se trata de una reconocida especialista en Menores. De hecho, fue la coordinadora de la sección en la Fiscalía de Valencia.

La apuesta de Gisbert, en caso de materializarse, podría desencadenar otros movimientos en la Fiscalía de Valencia. Su plaza en el TSJ quedaría vacante y es una posición realmente atractiva para la recta final de cualquier carrera. Bajo su cargo, se encuentran tres fiscalías provinciales y más de 250 profesionales.

La fiscal superior acudió este jueves a una entrevista en Les Notícies del Matí, días después de que presentara la memoria de la Fiscalía en Les Corts. De nuevo, criticó la decisión de la Conselleria de Justicia de recortar funcionarios adscritos a su departamento y las disfunciones que esto genera. Concentró su discurso en la protección de los menores. Alertó del aumento de agresiones sexuales con especial incidencia entre aquellos que son inimputables, los menores de 14 años.

Gisbert fue preguntada acerca de la sospecha permanente sobre jueces y fiscales acerca de determinadas decisiones que se interpretan siempre desde un prisma político. «Esto es muy peligroso», acotó. Defendió en todo momento la autonomía de los miembros de la judicatura. «Me preocupa porque se genera una nebulosa, tiras la piedra y lo que queda, al final, es la sospecha».

De hecho, ella misma sufrió críticas y tuvo que escuchar el término lawfare desde cargos de Compromís tras apreciar suficientes indicios para imputar a Mónica Oltra por un supuesto encubrimiento de la denuncia por abusos contra su exmarido. La contundencia de su informe supuso el principio del fin de la carrera política de la entonces vicepresidenta.