La fiscalía acusa a un abogado de Vaersa de facturar 890.000 euros con contratos verbales

Todavía quedan algunos asuntos pendientes de la catastrófica gestión de algunas empresa públicas en la época de Gobierno del PP. Vaersa es una de esas mercantiles trufadas de malas prácticas en la dirección. La Fiscalía ha pedido ya la apertura de juicio para Felipe Espinosa, el que fuera gerente de la entidad y Vicente Bru, uno de los abogados de cabecera de la sociedad. Se da la circunstancia de que el letrado acusado es el hermano de Segundo Bru, el que fuera conseller socialista de la Generalitat en los departamentos de Industria y Economía en la etapa de Joan Lerma.

El ministerio público quiere que ambos responsables se sienten en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación y reclama para ellos ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. El abogado obtuvo unos cuantiosos beneficios gracias al nulo respeto por la legalidad en la empresa pública.

La facturación de Bru llama más la atención cuando Vaersa disponía de un convenio con la Generalitat a través del cual los abogados de la Generalitat podían encargarse de asuntos de la empresa. El coste económico era notablemente inferior. Esto, no obstante, no impedía la contratación externa de servicios jurídicos. Vicente Bru comenzó sus colaboraciones en 1994 cuando su hermano era diputado en Les Corts. Siguió hasta 2012 en estas tareas. Para recurrir a un abogado externo era necesario elaborar un informe por parte de la Generalitat en el que se autorizara el servicio. En los casos de Bru nunca se hizo, según el escrito de calificación de la fiscalía. Todo se tramitó de manera verbal.

Esta circunstancia permitió que la empresa no dispusiera de un presupuesto de lo que iba a costar la representación, lo que pudo incrementar la facturación del letrado. Vaersa contaba entonces con más de mil empleados, lo que sumado a la litigiosidad de la empresa, anticipaba un montante final muy por encima de lo que permitían los contratos menores.

Esta forma tan atípica de contratación para una empresa pública se mantuvo pese a que en 2008 entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público que prohíbe expresamente esta modalidad. La fiscalía sostiene su acusación en las facturas semestrales de los ejercicios de 2009 a 2011. La empresa pública pagó cantidades desde 154.000 euros a 211.000, el importe más abultado. En total, 896.000 euros en apenas esos tres años de actividad para la mercantil.

Vaersa siempre ha sido un foco de sospechas. La hemeroteca conserva alguna de esas historias como, por ejemplo, la compra de 60 todoterrenos sin ningún tipo de procedimiento administrativo. El mismo gerente implicado ahora, Espinosa Bolaños, ya reconoció su culpabilidad en ese asunto, y aceptó otra inhabilitación por estos hechos.

No fue este el único tropiezo judicial del exdirectivo. La Justicia también ha castigado el descontrol financiero en la firma que llevó a pagar 1,8 millones de euros en concepto de productividad a empleados de la sociedad sin contar con la autorización del Consell.

En fechas más recientes, la mercantil se sitúa de nuevo en el foco judicial por su papel en la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. Diferente documentación apunta a la realización de determinadas actuaciones para la visita del Pontífice. Estos trabajos, fundamentalmente en el nuevo cauce del Turia, nunca fueron abonados. Posteriormente, el importe se perdonó.