La Fiscalía alardea de haber recuperado 5,1 millones al rey emérito en su investigación archivada

La memoria de la Fiscalía del pasado año, conocida este jueves coincidiendo con la apertura del año judicial, recoge un extenso resumen de las diligencias de investigación 40/2020, que lideraron los fiscales Juan Ignacio Campos, máximo responsable en el Supremo fallecido en diciembre de 2021, y su colega Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción.

Como sabemos, el objeto de este procedimiento fue un delito de corrupción en los negocios. Un asunto cuyo origen fue la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes, y su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum, de la que don Juan Carlos era su titular real.

Las diligencias se abrieron -cuenta la Fiscalía en su memoria anual- a raíz de la recepción en Anticorrupción, en noviembre de 2020, de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Dicho documento daba cuenta de unas transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por un empresario mexicano residente en el Reino Unido, Allen Sanginés-Krause, en favor de una cuenta titularidad del coronel del Ejército español, que entre 2007 y 2017 fue ayudante de campo del rey emérito, Nicolás Murga.

Buena parte de las cantidades fueron aplicadas a satisfacer gastos de familiares del anterior monarca o de personas vinculadas, explica ahora la Fiscalía.

El Ministerio Público justifica su archivo en que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 se extinguió por la prescripción del delito. No así la correspondiente al ejercicio de 2012 que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal toda vez que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 don Juan Carlos estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado (artículo 56.3 de la Constitución).

Además, la investigación no pudo establecer, «siquiera de modo indiciario», vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción del AVE saudí. Tampoco que dicha cantidad guardara relación con el pago de comisión alguna pese a los audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo a su expareja Corinna Larsen.

En el decreto de la Fiscalía se analizó también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales en relación con las operaciones financieras y societarias llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012 tras la recepción de los referidos 64.884.405 euros en la cuenta de LUCUM, partiendo de la posible naturaleza delictiva de la aceptación de la referida cantidad por el rey emérito. Sin embargo, la inviolabilidad cubrió estos hechos, ya que de lo contrario el fraude se estimó en entre 30 y 56 millones.

No obstante, los investigadores destacan que gracias a su «actuación» referida a los pagos del empresario Sanginés-Krause el 9 de diciembre de 2020, el abogado del ex jefe del Estado presentó en la Agencia Tributaria una declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ingresando 556.412,50 euros más los correspondientes recargos e intereses de demora.

Respecto a la segunda línea de investigación, los gastos sufragados por la Fundación Zagatka en favor del padre de Felipe VI tras su abdicación, la documentación remitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra no pudo determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos. Sin embargo, del contenido de las declaraciones tributarias presentadas por don Juan Carlos los días 2 y 3 de febrero de 2021 permitió establecer que entre los años 2014 y 2018 esta fundación presidida por un primo lejano de este abonó gastos privados (viajes, estancias hoteleras, etc.).

Por este motivo, la defensa del anterior monarca presentó una declaración complementaria en Hacienda por el IRPF correspondientes a estos cuatro ejercicios. Las declaraciones, recuerdan los fiscales, se produjeron sin requerimiento previo de la Administración Tributaria y llevaron aparejados los correspondientes ingresos por un total de 4.416.757,46 euros (3.544.906,22 de cuota más 871.851,24 euros, correspondientes a las liquidaciones de intereses de demora y recargos).

Finalmente, sobre la tercera línea de actuación, la presunta vinculación del rey emérito con un fondo en la Isla de Jersey (Reino Unido), la memoria del Ministerio Público relata que el Sepblac valoró la existencia de indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser el investigado, pero tras recibir la documentación de las autoridades de la isla concluyeron que ni fue beneficiario ni consta que recibiera cantidad alguna.