La Fiscalía apunta a Grau como factótum de la financiación ilegal del PP en las campañas de Barberá

La mecánica, una vez desgranada, parece sencilla. Y eso pese a que los supuestos colaboradores, los empresarios, no han reconocido los hechos como sí hicieron en el juicio por la financiación ilegal del PP de la Comunitat en 2006 y 2007. «Todo acto de corrupción es un gran reproche ético, moral y penológico. Voy a ser muy crítico con sus clientes», adelantó el fiscal en el comienzo de su informe.

La Fiscalía ha explicado cómo se encargaron las campañas electorales del PP a diferentes agencias. En 2007 se elige a Laterne, en manos de Vicente Sáez, supuesto amigo de Alfonso Grau. En 2011, a Trasgos. En ese escenario aparece de forma indubitada Alfonso Grau, el hombre fuerte del PP, coordinador de la campaña, «piedra angular» de todo el entramado, en palabras del fiscal. La campaña de 2007 iba a costar 150.000 euros, pero s disparó a más de dos millones. «¿Cómo se pagó esto?», planteó el fiscal.

La acusación fue dando respuesta a esa pregunta que, posteriormente, se repetiría en las elecciones de 2011. «Hay varias fuentes de ingresos». Por un lado, fundaciones dependientes del Ayuntamiento, como CEyD y Fivec que son entidades bajo la órbita municipal que dan contratos a Laterne por supuestos servicios. Pero, además, la agencia también recibe, casualmente sólo en esas fechas, próximas a las elecciones, facturación de SAV, Secopsa, Pavasal, Lubasa, Rover Alcisa, Nou Litoral, Construcciones Lujan, Agora Patrimonial... «Se trata de contratistas del Ayuntamiento de Valencia».

Y luego también nace la empresa PMC, una «empresa pantalla». Pretendía juntar a los principales empresarios para proyectos en la ciudad. «Esto se constituye porque está Grau». Ese dinero, aportaciones de 150.000 euros, según el fiscal, iba para la campaña. Así se canalizó otra de las vías de financiación para los actos electorales. De nuevo en esta sociedad aparecen las empresas anteriores. «Y siempre son cantidades redondas», ha precisado. «Todo encaja mejor en una donación que como la facturación de un servicio».

La empresa finalmente careció de actividad y pese a esto ninguno de los empresarios reclamó el dinero aportado inicialmente, algo que no encaja con una lógica empresarial. Ni, en realidad, de ningún tipo.

Por último, restan los ingresos en efectivo que admite uno de los testigos clave de la Fiscalía, Jesús Gordillo, hasta que cambió su versión. En su momento indicó que le dieron 350.000 euros en billetes de 500 para el pago de los actos electorales. La acusación popular ha sido especialmente minuciosa en desacreditar la última versión de Gordillo. Ha dado hasta nueve excusas diferentes que ofreció en su declaración en el juicio al comprobar que con ninguna convencía a la Sala. Gordillo es uno de los testigos clave de la acusación. De hecho, la Fiscalía solicitó en su momento la declaración del periodista que recibió la documentación para dejar en evidencia a quien fue la mano derecha de Grau.

En 2011, la operativa se reproduce aunque con algunos matices. El fiscal ha recordado que el grupo 'popular' tenía dos cuentas corrientes: una de ellas, la legal, donde se recibían las subvenciones del Ayuntamiento; y, otra, en la que García Fuster, «tesorera y la que mandaba y cobraba como asesora del Ayuntamiento», ingresaba «pequeñas corruptelas, tal y como decía la exconcejal de Cultura», «hacía y deshacía lo que quería, era como la 'Cueva de Ali Babá', una cuenta sin control», precisó. Es con esos ingresos y con dinero de las empresas habituales del Ayuntamiento con el que se vuelve a sufragar la campaña de Barberá.

Hay dos cuestiones que resultan controvertidas. Por un lado, la posición de los acusados. La Fiscalía sostiene que son funcionarios públicos a efectos penales. Grau estaba en una posición estratégica para determinar contratos del Ayuntamiento. Igual que García-Fuster, que cobra del Ayuntamiento. Todos participan del ejercicio público y manejan dinero público. Las defensas, lógicamente, rechazan esa tesis. De hecho, hay un informe oficial del Ayuntamiento que encuadra a Fuster como personal eventual. Eso es importante a la hora de determinar el cohecho.

El otro de los aspectos bajo airada discusión es la naturaleza de las fundaciones y de Turismo Valencia. La Fiscalía y la acusación popular mantienen que son públicas, mientras las defensas subrayan su carácter privado, lo que impediría la existencia de malversación.

La defensa de Mari Carmen García Fuster, que ejerce el cuñado de Barberá José María Corbín, basó buena parte de su informe en la prescripción de los hechos. El profesional enumeró hasta diez momentos procesales en los que se le pudo informar a su clienta de que se le investigaba por un supuesto delito de cohecho y, en cambio, sólo se le imputaba un blanqueo de capitales que, posteriormente, ha desaparecido de la causa. Aún así, aclaró que si se entiende que en su declaración judicial por el hecho de preguntarle por los donativos ya se aludía de manera implícita al cohecho, también estaría prescrito al haber transcurrido más de cinco años.

Corbín incidió, de igual modo, en que se representante no tiene nada que ver en la relación de Gordillo y Grau y que el supuesto cohecho, es decir los donativos que supuestamente si dieron para la campaña del PP, no se les entregaban a Fuster sino al partido. Además, recordó que no era ni autoridad ni cargo público para desmontar uno de los supuestos del tipo penal.