La fiscalía archiva la investigación a Marzà y Alcaraz por fraccionar contratos

La ofensiva judicial del Partido Popular contra destacados dirigentes del Consell no ha pasado de una tentativa. La fiscalía ha archivado recientemente las diligencias que en su día abrió contra el conseller de Educación, Vicent Marzà, y su compañero en Transparencia, Manuel Alcaraz, por supuesto fraccionamiento de contratos en sus respectivas consellerias. La denuncia fue presentada por el PP hace cerca de un año. Tras una exhaustiva investigación por parte del ministerio público, la conclusión es que no se aprecian indicios delictivos en la actuación de ambos dirigentes de Compromís.

Los populares tienen la posibilidad de acudir directamente al juzgado, una decisión que se antoja como poco probable. De hecho, en la anterior denuncia que completaba esta ofensiva, contra la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra y exactamente por el mismo motivo, se optó por descartar esta vía tras el archivo de la fase prejudicial. En ese caso, el asunto fue examinado incluso por un fiscal Anticorrupción.

El escrito contra Alcaraz y Marzà y otros altos cargos supuestamente responsables del fraccionamiento incidía fundamentalmente en dos iniciativas. En la primera de las consellerias, el PP ponía bajo sospecha la actividad 'Objetivos de Desarrollo del Milenio'. Sostenía que se realizaron «al menos» cuatro contratos por importe global de 58.212 euros que, pese a estar destinados a un objeto único, «fueron fraccionados evitando así procedimientos más exigentes y un mayor grado de fiscalización». En relación con la 'Primavera Educativa' de Educación, según los denunciantes, se recogían «numerosos y flagrantes incumplimientos del procedimiento y de los requisitos legales en la contratación» de las actividades, «efectuados con la única finalidad de adjudicar arbitrariamente determinados contratos y efectuar pagos de la misma forma arbitraria». Incluso apuntaba que se habían podido servicios por duplicado.

El fraccionamiento es una práctica frecuente que consiste en trocear los contratos para un servicio y de esta forma evitar sacarlo a concurso público. Dependiendo de la administración y del objeto, se establecen diferentes límites económicos. Sin embargo, el reproche administrativo que puede generar esta operativa no significa que sea delictiva. El delito de prevaricación sin más resulta complicado que progrese en una investigación judicial. Para que esta hipótesis se consolide es necesario un plus en la actuación, como pudiera ser la acción premeditada de eludir la ley y que con ella y de manera deliberada se estén perjudicando los intereses públicos. Informes de la Intervención de la Generalitat, por ejemplo en el caso que afectaba a Marisa Gracia, rechazaban el carácter delictivo.

El archivo de estas diligencias, confirmado por fuentes oficiales del departamento, se produce meses después del sobreseimiento de un caso similar contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. El PP denunció no sólo el fraccionamiento en la conselleria de Oltra sino también el constante recurso a los procedimientos de enriquecimiento injusto, una operativa legal que permite pagar un servicio prestado una vez ha finalizado el contrato y que por diferentes motivos no se ha renovado.

La intención del PP con estas denuncias era girar el foco de la corrupción contra el PSPV y Compromís, que meses después se vieron sorprendidos con una investigación que ponía en duda la financiación legal de ambas formaciones.