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La última y casi a la desesperada ofensiva judicial del PSPV contra el PP se ha apagado en menos de seis meses. La Fiscalía ... ha decidido archivar la investigación abierta para aclarar si la difusión de octavillas en las que se vincula a Ximo Puig con delitos de corrupción puede configurar algún tipo de delito, según confirmaron fuentes del departamento.
Las diligencias se cerraron el pasado 30 de octubre. Se desconoce el motivo del archivo. Puede deberse a la falta de indicios, al desconocimiento del autor o porque la acción no sea constitutiva de delito. En cualquier caso, el asunto no ha llegado ni tan siquiera al juzgado.
La idea fue una reacción en plena precampaña electoral que comandó el propio partido socialista, de la mano de su secretario de organización, José Muñoz. El dirigente presentó una denuncia en la que ponía en conocimiento las supuestas «injurias y mentiras» y donde sospechaban de la participación, como autor o ideólogo, del Partido Popular. «Existen muchas coincidencias que nos hacen pensar que está promovida por el PP», apuntó en su momento el dirigente socialista.
En concreto, señalaba que las imágenes que se utilizaban eran idénticas a las que había usado el PP en su campaña en la que proclamaba que los dirigentes socialistas «ya se van». La iniciativa consistía en unas cartulinas donde se injuria gravemente la imagen del presidente Ximo Puig acusándole de delitos que no ha cometido «y que utiliza de forma ilegal la identidad corporativa del PSPV-PSOE», siempre según la versión de la organización socialista.
Las diligencias se abrieron el pasado mes de abril. Durante este periodo, el fiscal asignado al caso ha podido practicar diligencias como citar a testigos y/o investigados -se desconoce si lo ha hecho- antes de adoptar una decisión como el archivo.
El motivo tras aquella campaña era la investigación judicial que se sigue por las ayudas que recibieron las mercantiles de Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat y sus socios. El familiar del líder del PSPV sigue imputado en Instrucción 4 de Valencia por irregularidades en la concesión de subvenciones, fundamentalmente para el fomento del valenciano. La Intervención ya ha alertado de deficiencias en la justificación de algo más de 60.000 euros. Pero sólo se considera delito cuando se trata de una cantidad superior a los 120.000 euros al año. De momento, el titular del juzgado está a la espera de recibir un informe de la Generalitat catalana y el último dosier de la Guardia Civil.
No es ese el único caso que comprometía a la figura del entonces presidente. El histórico tesorero del PSPV, Pepe Cataluña, es una pieza clave en la investigación de la trama de Azud y la supuesta financiación ilegal del PSPV. Esta investigación continúa adelante en Instrucción 13 de Valencia.
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