María Oliver, la exedil de Podemos. LP

La fiscalía cambia de criterio y no ve ahora delito en el convenio del mapa escolar

El ministerio público reclama el archivo para la asesora del vicepresidente Dalmau y el docente de la Universitat, José Manuel Rodríguez

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 27 de noviembre 2019, 17:06

La Fiscalía no ve ahora delito en la actuación de la exedil de Podemos y asesora del vicepresidente Rubén Dalmau, María Oliver, en el convenio del mapa escolar. De igual modo propone el archivo de las diligencias para el profesor de la Universitat, José Manuel Rodríguez. El ministerio público ha cambiado su posición en este asunto porque hace unos meses pidió que se procesara a ambos responsables por los delitos de prevaricación y malversación.

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El ministerio fiscal considera que tras las últimas diligencias -un informe de un perito de parte- no existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento. Así, recuerda que pese a los reparos del Interventor, finalmente se aceptó el convenio. Además, tiene en cuenta el informe de un perito de parte que asegura que se respetó la legalidad en el acuerdo entre Ayuntamiento y la Universitat. Respecto a cómo gestionó el dinero de origen municipal, alrededor de 100.000 euros, asegura que contó con la supervisión de los responsables de la Universitat y, además, valida que se pasaran como gastos para subvencionar las supuestas horas de trabajo de docentes que, en realidad, nunca las cobraron ellos.

La acusación desoye otra serie de irregularidades que constan en el procedimiento como el informe de la Intervención del Ayuntamiento en el que se dictamina que determinadas adquisiciones no son subvencionables. Al respecto se refiere a una cámara de fotos Panasonic, un ordenador portátil, otra cámara fotográfica JVC, una mesa de juntas de cristal, una grabadora y un iPad con su funda y teclado. La fiscalía responde que como no se superan los 120.000 euros no puede elaborar una acusación por un delito contra la Hacienda Pública.

Los dos investigados siguen procesados por el juzgado de Instrucción 19 de Valencia que emitió un auto en el que detallaban todas las irregularidades en la gestación y desarrollo de este proyecto. La Audiencia tendrá ahora la última palabra para ver si sienta a los investigados en el banquillo ante la acusación del Partido Popular.

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