La Fiscalía cita a declarar a la denunciante de las productoras vinculadas al hermano de Puig

La investigación judicial por las ayudas para el fomento del valenciano concedidas por la conselleria de Educación a varias empresas toma más cuerpo. En este caso están inmersas varias productoras de la provincia de Castellón muy vinculadas a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat y que es propietario de alguna de estas sociedades o tiene una vinculación laboral muy estrecha con otras.

La Fiscalía ha llamado a declarar a la persona que denunció una serie de diferentes irregularidades relacionadas con las productoras Kriol y Canal Maestrat, propiedad de la familia Adell Bover, y que en los últimos años han recibido importantes ayudas del Consell para realizar programas de televisión. Estas firmas tienen lazos empresariales con el hermano del presidente de la Generalitat, cuyas empresas aparecen en el listado de facturas que justifican la subvención al programa Telescola, un espacio que el Consell no sabe si se ha realizado.

La llamada por parte de la Fiscalía a la persona denunciante se trata del primer paso dentro del marco de las diligencias de investigación penal que el ministerio público abrió tras recibir la denuncia. El caso fue destapado por este periódico y los delitos que se imputan en la denuncia con contra la Hacienda pública, prevaricación y malversación por fraude en las subvenciones.

Los hechos que se investigan son muy similares a los que han llevado al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia a citar en calidad de investigados a Francis Puig y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, tras una denuncia del PP. Las empresas de los Adell Bover han cobrado en los últimos años casi 400.000 euros en subvenciones de la Generalitat valenciana y como ocurre con la empresa del hermano de Puig, también han recibido subvenciones de otras administraciones como la Generalitat de Cataluña.

La persona denunciante declarará en Fiscalía en esta fase prejudicial del procedimiento. El ministerio público tiene un periodo de seis meses para completar su investigación, aunque se puede prorrogar. El objetivo de la citación, básicamente, consiste en que se reafirme en el escrito que presentó en su día y explique, si fuera necesario, la documentación que aportó. Tras esta comparecencia, el ministerio público puede seguir investigando, pedir el archivo o, en el caso que aprecie indicios delictivos, llevar el caso a un juzgado. En caso de esta última opción, estas diligencias podrían terminar en cualquier juzgado o que se pidiera la acumulación a la otra causa abierta por las ayudas al valenciano a empresas del hermano de Puig si se aprecian vínculos entre ambos casos.

La denuncia apunta que las empresas de la familia Adell Bover y las del hermano de Puig han tenido el propósito «de colaborar para confeccionar cruces de facturas no asentadas en sus contabilidades ni declaradas a Hacienda con el firme propósito de captar jugosas subvenciones con la complacencia de la administración»