La fiscal discrepa de la Abogacía y no ve delito en la gestión de Jaraba en RTVV

La Fiscalía ya se ha pronunciado sobre el supuesto desfalco en la antigua RTVV, una causa judicial que desde sus inicios ha ido perdiendo importancia con la paulatina reducción del número de investigados y con la acotación de los presuntos hechos delictivos.

El ministerio público finalmente no ve delito y ha pedido el archivo de las actuaciones. Por tanto, no ejercerá la acusación contra el único investigado en este asunto, el exdirector de RTVV, José Luis López Jaraba. De tal forma que la Abogacía de la Generalitat, que reclama siete años de cárcel al exdirectivo, vuelve a distanciarse del criterio del ministerio público en un asunto de supuesta corrupción. Lo que antes era una excepción, esa disparidad de criterios, parece haberse convertido en norma tras los casos de Valmor, F-1, el circuito y el presunto fraude de la concertada. De ahí las sospechas acerca de qué motivos mueven la actuación de la Generalitat.

El informe de la Fiscalía descarta la existencia de un delito de malversación porque el citado contrato se firma y desarrolla antes de la llegada de Jaraba a la televisión. Podría tratarse «a lo sumo» -apunta el informe- de una gestión desleal, pero recuerda que esta conducta no fue introducida dentro de la malversación hasta la reforma del Código Penal de 2015. La responsable del ministerio público en su análisis del asunto también aborda la posible comisión de un delito societario de administración desleal. Este ilícito implica una actuación «a sabiendas» de la ilegalidad y requiere, además, que el objetivo sea para «beneficiar a un tercero», en este supuesto, José Luis Moreno.

Respecto al primero de los condicionantes, recuerda la fiscal que la compra de los programas ahora cuestionados contaban con la aprobación de la Junta de Compras de RTVV. No se alteró el procedimiento administrativo, según la documentación que obra en la causa.

Insistió, además, que las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes no «son delictivas». Tampoco quedó acreditado, según la tesis de la fiscal, que hubiera un «concierto» del directivo con el productor para favorecerle económicamente con esta adquisición. La pericial que habla de sobrecostes no se antoja suficiente, a criterio de la acusación pública, para llevar a Jaraba al banquillo.

La causa de RTVV nació de una denuncia de Compromís y fue investigada en sus inicios por el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras ser propuesto por el Botánico en la terna que presentaron al Consejo General del Poder Judicial. Del enorme agujero de 1.200 millones de euros que se investigaba en la gestión de Canal 9 y que apuntaba a varios altos cargos, tras varios archivos, todo quedó reducido a Jaraba y tan sólo por unos pagos a la productora Alba Adriática, propiedad de José Luis Moreno.

Por el camino se despejaron las dudas acerca de los patrocinios a equipos de fútbol y la compra de documentales a la empresa Triskel. Se trataba de tres elaboraciones audiovisuales sobre Garzón, el Gal y Alfredo Pérez Rubalcaba. En Canal 9 sólo se emitió el primero de los trabajos. La pericial encargada por el juez avala la cantidad pagada por los reportajes (276.000 euros). Admitía el informe que es una cifra elevada, pero dentro de los precios de mercado. También los supuestos patrocinios pagados a clubs de fútbol como el Villarreal quedaron exentos de cualquier atisbo de irregularidad.

Las sospechas se concentran ahora sobre los pagos a la firma de Moreno por la elaboración de programas para la cadena autonómica. Esta cuestión apareció en la fase final de la instrucción cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitó que se realizara una pericial al respecto. El informe recoger que se produjeron sobrecostes de alrededor de un millón de euros por un magazine y una serie cuya calidad no es aceptable, según los expertos que analizaron las piezas audiovisuales. Jaraba sostiene que actuaron por venganza porque uno de los peritos es extrabajador de la sociedad de Moreno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso contra el auto de procedimiento abreviado para ampliar la investigación a José Luis Moreno, aunque el periodo de la instrucción está agotado. La Audiencia todavía no ha resuelto. La Generalitat, que presentó su escrito de acusación hace unas semanas, sostiene que se cometieron los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Tesis que desmonta por completo la fiscalía en su informe.