La Fiscalía no ve delito en la fundación ideada por Orengo y pide el archivo

La Fiscalía no ve delito en la fundación Cical, el organismo que en su día creó José Manuel Orengo, persona de la máxima confianza de Ximo Puig, para el impulso de las políticas locales. El PP inició una ofensiva judicial por el acuerdo que se firmó en su día entre Divalterra y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Consideraban que existían una serie de gastos que no se habían justificado convenientemente.

La Agencia Antifraude ya había revisado este controvertido asunto. Tras el informe, se presentaron una serie de irregularidades como plagios de otros trabajos para justificar el dinero cobrado y desembolsos por personal sin suficiente respaldo. Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, frenó el pago de dos facturas de 40.000 y 26.958 euros a la FVMP. Finalmente, esta entidad ha terminado haciéndose cargo del agujero económico.

El PP vio en todo esto la posibilidad de iniciar un procedimiento penal por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La prevaricación, por ejemplo, la sostenía en el hecho de que Antifraude señaló que se trataba de una subvención y Divalterra no está habilitada para este tipo de acción. Pero la empresa pública y la FVMP defendieron lo contrario. Por tanto, al no ser una cuestión pacífica como se concluye de las diferentes interpretaciones de la norma, no puede articularse una prevaricación. Este delito exige una infracción «palmaria y grosera» del ordenamiento y en este caso, en realidad, se presenta como una «controversia jurídica».

Tampoco se aprecia la malversación que defendió en su día el presidente provincial del PP, Vicente Mompó. El ministerio fiscal razona que la cantidad de dinero que corresponde devolver no se debe al hecho de que los trabajos fueran ficticios o incompletos sino a que esos conceptos no podían ser subvencionados dentro del acuerdo de colaboración. Por lo tanto, no concurren los requisitos de ese delito. Por ejemplo, en el caso concreto de Orengo. Antifraude informó de que realizó tareas no incluidas en el específico objeto del convenio de colaboración suscrito, recomendando su minoración. Es decir, el cometido fue completado. Si bien, a juicio de la Agencia, no corresponde abonarlos. Algo similar ocurre con el jefe de gabinete de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Asunto diferente sería que no quedaran acreditados los trabajos.

Respecto al delito de tráfico de influencias, la realidad es que el presidente de los populares no aporta ningún indicio de su presunta comisión. El dirigente se limita a señalar que el proyecto fue impulsado por José Manuel Orengo, aprovechando las influencias que obtenía por haber sido jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. Y esto, sin mayor aportación, no es un indicio.