La Fiscalía denuncia a siete funcionarios valencianos por acceder al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco

El ministerio fiscal, que disponía de seis meses para analizar el asunto, concluye que existen indicios suficientes de la comisión de un delito de revelación de secretos. En concreto, en la modalidad de consulta indebida de base de datos, con un apartado específico en el Código Penal. El delito está castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel y multa de hasta 24 meses.

Las diligencias se han judicializado en órganos de diferentes partidos, los lugares desde donde se registraron las consultas que carecían de cualquier justificación laboral. Quizá la polémica alrededor de la emisión de los reportajes despertó la curiosidad de estos empleados públicos. Así, los procedimientos judiciales se seguirán en juzgados de Alzira, Ontinyent y Catarroja. Ninguno de los irregulares accesos se efectuó desde la Ciudad de la Justicia, según ha permitido acreditar la investigación.

Durante esta fase prejudicial, la Fiscalía practicó algunas diligencias como, por ejemplo, solicitar un informe a la Conselleria de Justicia para que detallara con exactitud cómo se produjeron esas consultas. No todos los funcionarios tienen acceso a ese fichero, ya que contiene datos sensibles. Aparte de algunos funcionarios, jueces y policías también pueden visualizar los documentos. Pero cada una de las entradas queda registrada.

Ahora, una vez el expediente está ya judicializado, una de las primeras diligencias será la declaración como investigados de los respectivos funcionarios. La instrucción en este tipo de asuntos, por norma general, es breve. La Fiscalía ofrecerá una respuesta única a cada uno de los procedimientos judiciales.

El fichero contiene las denuncias de violencia de género presentadas así como las resoluciones judiciales, junto a informes policiales y forenses. Resulta posible que parte de la información que pudieron consultar fuera exhibida posteriormente por la protagonista a lo largo de la serie documental.

La Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, por su parte, abrió un expediente informativo que, de entrada, afectaba a nueve personas, según informaron en su día fuentes oficiales. El siguiente paso sería la apertura de un expediente disciplinario, que podría desembocar en sanciones para los empleados. Pero todo esto dependerá de la conclusión de la investigación judicial y las medidas que allí puedan adoptarse.