La Fiscalía, a favor de que el corruptor de Blasco haga trabajos sociales y evite la cárcel

La Fiscalía ya ha informado al respecto. El ministerio fiscal se opone a la suspensión y, en su defecto, sostiene que Tauroni debería hacer trabajos sociales en vez del año de cárcel al que fue condenado. La defensa del empresario, que dirige el despacho de Gómez Tejedor, apostaba por la suspensión y en caso negativo, por la sustitución a trabajos en beneficio de la comunidad.

Tauroni tiene un perfil particular en esta causa. El empresario cumplió íntegramente la pena de seis años de cárcel a la que fue condenado. Su hartazgo en prisión -sumado a la negativa a disfrutar permisos penitenciarios- fue lo que le llevó a pactar con la Fiscalía a cambio de reconocer su participación en la trama. Aprovechó su estancia en prisión para sacarse la carrera de Derecho y hoy en día vive con su mujer en Valencia y trabaja por cuenta ajena, circunstancias que su representación esgrime como argumento para concederle la suspensión o la sustitución por trabajos.

Además, no se puede olvidar que esta condena forma parte de un conjunto mayor, el grueso del caso Cooperación. En ese primer juicio cumplió la condena en su totalidad –los seis años– por lo que ahora, al sumarse ese nuevo año, habría tenido un cumplimiento efectivo de un 85% de la condena. Además, el condenado ha aportado medios económicos para resarcir su responsabilidad civil (122.000 euros) pese a que se ignora el montante total que se ha de devolver a la Generalitat. También ofreció en dación en pago algunos inmuebles.

LAS PROVINCIAS ya informó en su momento acerca de esta deficiencia que resulta incomprensible porque en este punto, una vez la mayor parte de los integrantes de la red delictiva han pasado por prisión, el objetivo principal debería ser la recuperación del dinero. Ni el órgano sentenciador ni el Supremo cuantificaron el dinero desviado. Tampoco la Generalitat valenciana que asegura estar pendiente de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas. La condena de la Audiencia es de abril de 2020. Cuatro años después y nada se sabe al respecto.

La defensa de Tauroni pide aplicar el Código Penal vigente en el momento de los hechos para la suspensión, aunque admite que la interpretación que los tribunales efectúan sobre esta cuestión está más vinculada al Código que rige en el momento de acordar esa decisión.

La Fiscalía argumenta que la gravedad de los delitos –el desvío de fondos públicos de ayuda al Tercer Mundo a intereses privados– aconsejaría «el cumplimiento íntegro» porque además también aprecia un grado de responsabilidad «directo y principal» en la comisión de los hechos.

Pero, de igual modo, ve necesario ponderar otras circunstancias como, por ejemplo, las atenuantes que se le han reconocido en esta última pieza. Por ejemplo, se tuvo en cuenta la confesión –Tauroni reconoció su participación en la trama–, la reparación del daño, con las cantidades económicas mencionadas y las dilaciones indebidas, es decir, un retraso injustificado de la instrucción.

Otro de los hombres capitales de la trama fue Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación que logró evitar la prisión en la primera pieza gracias a un error judicial. En esta segunda también se ha visto beneficiado. Los dos años y nueve meses a los que fue condenado en su momento por malversación en concurso con una falsedad y por un cohecho no le llevarán a prisión. La Audiencia le ha concedido la posibilidad de efectuar trabajos en beneficio sociales pese a superar los dos años de cárcel.