La Fiscalía informa a favor de que se abra una investigación sobre la gestión del presidente Mazón en la dana

La opinión de la Fiscalía, a quien le dieron 48 horas para emitir un dictamen, suele ser determinante en procedimientos de esta naturaleza. La acusación pública lo que reclama es que las pesquisas comiencen en un juzgado de Instrucción y sólo si se encuentran indicios de la responsabilidad del presidente se eleve entonces al TSJ.

Por un lado, se pronuncia sobre la acumulación de todas las querellas. "La investigación de las responsabilidades penales de los distintos querellados debe ser única y conjunta, entendiendo que ello resulta no ya sólo funcional, sino asimismo necesario". La Fiscalía apuesta por una única instrucción dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos y la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos.

Además, anticipa la previsible dificultad de la investigación y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos. En este escenario es un juzgado ordinario de instrucción el que cuenta no sólo con los medios sino la experiencia en lo que será, sin duda, una ardua tarea de investigación.

La Fiscalía concluye que resulta "preciso que el procedimiento se inicie para el esclarecimiento completo de los hechos con relevancia penal y la averiguación de los partícipes". Los querellantes indicaron en su momento toda una serie de delitos de prevaricación, de lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores que serían consecuencia de una supuesta inacción pese a la información de alerta de la que disponían.

Sólo en el caso de que el juzgado de Instrucción encuentre indicios delictivos de la participación del aforado -de momento Mazón aunque las diligencias podrían afectar a otros- será el momento de elaborar la correspondiente exposición motivada, una resolución del juez donde se detallan los indicios incriminatorios. Este escenario, no obstante, aleja una eventual imputación del presidente que no se produciría, en ningún caso, antes de una fase final de las diligencias.

La Fiscalía sostiene que en el momento actual son varias las personas que pueden resultar "concernidos por la investigación que se lleve a cabo, amén de la necesidad de perfilar la existencia de vestigios de criminalidad en el proceder del aforado", en referencia a Mazón.

Fuentes de la Generalitat precisaron que el informe de la Fiscalía "ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Mazón". De igual modo, las mismas fuentes quisieron llamar la atención sobre que el pronunciamiento de la Fiscalía se produce en el mismo periodo en que están declarando dirigentes del PSOE por el caso Koldo.

Ahora, no obstante, será el Pleno del TSJ el que deba decidir se abre una causa penal por estos hechos. La presidenta Pilar de la Oliva acordó que la decisión se debatiera en Pleno, es decir, participará ella y otros cuatro magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, José Ceres, Antonio Ferrer, Pía Calderón y Vicente Torres.

Las querellas presentadas hasta la fecha son siete, según informó en su momento el TSJ. La primera fue la de la organización Iustitia Europa. A este primer escrito se le sumaron más denuncias de otras organizaciones y abogados a título particular. Otra de las más destacadas es la del sindicato CGT que interpuso una querella contra Mazón por un delito contra los trabajadores.

De momento, no han llegado escritos de los dos grandes partidos políticos. El PSPV lo ha descartado, mientras que Compromís sigue trabajando en la recopilación de información antes de dar el paso. Se ignora si apuntará también a otros dirigentes nacionales lo que daría la competencia al Tribunal Supremo o limitará las responsabilidades al ámbito autonómico.

Al margen de las acciones en el TSJ existen otros procedimientos en juzgados unipersonales porque las denuncias no se dirigen contra aforados. Por ejemplo, contra dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Agencia Estatal de Meteorología y la Conselleria de Justicia e Interior, que aglutinaba todas las competencias de Emergencias.