La Fiscalía, en su informe final sobre Gürtel: «Parasitaron la Generalitat porque venían de la mano del presidente»

Anticorrupción ha recordado que no se puede minimizar la corrupción porque son «ataques» a la administración pública y, en definitiva, a la Constitución. La acusación ha recordado como el grupo Correa, liderado por Francisco Correa, «coloniza» las administraciones públicas y cómo esto supuso la «parasitación» de la Generalitat valenciana.

La Fiscalía ha abordado algunas de las cuestiones previas planteadas por la defensa como las dificultades del acceso a la causa o la alegación de cosa juzgada y también el asunto de las dilaciones indebidas, que hizo que este caso tuviera una «instrucción especial». En este sentido ha achacado los retrasos a las diferentes piezas del sumario y a la última confesión de Ricardo Costa que obligó a reabrir la causa e incluir a Camps.

El ministerio fiscal ha respondido que las demoras -la causa comenzó en 2014- son inherentes a la propia naturaleza de este procedimiento tan complejo y ha subrayado cómo buena parte de los recursos y retrasos los ha generado la defensa de Camps. «No existe cosa juzgada. Lo de los trajes no se está enjuiciando aquí», ha insistido. Tampoco con el caso de Fitur o las pantallas de la visita del Papa, ambos sumarios saldados con severas condenas para los protagonistas.

La acusación ha subrayado cómo las testificales de las defensas han tratado de elaborar una especie de «postverdad». Pero, en cambio, ha señalado la prueba «abundante, contundente y sólida» con la que cuenta y, entre ella, la confesión de una decena de acusados, entre ellos, los miembros de la trama Gürtel, pero también integrantes del Consell de Camps. «No hay motivos espurios de estas conformidades». Se trata de una «cooperación eficaz y seria» para aclarar las responsabilidades.

Al entrar en el fondo del asunto, la Fiscalía ha dado por probada la relación de Camps con Álvaro Pérez, 'El Bigotes, de acuerdo a la comparecencia de muchos testigos y el conocimiento de sus empresas. Orange Market se creó en 2003 y se aprovechó de Ignacio Blanch, persona del círculo de confianza de Francisco Camps, para introducirse en la Comunitat.

«El ofrecimiento de Camps lleva un componente público y otro privado». «Querían organizar actos del partido y luego introducirse en las consellerias», indicó la fiscal al recordar declaraciones de diferentes testigos. En total, ha cifrado el montante de negocio en más de siete millones de euros. «Era una empresa que venía de la mano del presidente». Se contrataba con Orange Market «porque era una forma de congraciarse con el presidente». Ellos tenían acceso directo a las consellerias.

Para mantener estas buenas relaciones, el Bigotes aprovechó la ocasión y nutrió de regalos de Navidad a los principales altos cargos del PP y de la Administración. También a la familia del presidente. «Camps incluso lo utiliza para que su hermana pueda trabajar». «Toda esta relación constituye un tráfico de influencias», ha concluido la fiscal. «El presidente intervenía para deshacer los pequeños obstáculos» que surgían en las fases de adjudicación o de contratación.

En ese «caldo de cultivo» es donde la Fiscalía «enmarca» las primeras adjudicaciones irregulares de la mano de Blanch, como la agenda de la Comunicación. «No hay licitación, ni concurrencia ni publicidad». Y donde el pago se fracciona y con conceptos repetidos y genéricos.

El contrato de Fitur 2009 es una de las claves de este asunto. «El presidente volvió a deshacer otro obstáculo». Justo el día después de su cumpleaños y tras las quejas del Bigotes le llaman para hablar de los grandes eventos, uno de los objetivos principales del entonces presidente a lo largo de sus legislaturas. De hecho, se coordinaban desde Presidencia. «Al presidente le gustaba mucho la empresa», ha puntualizado.

La Fiscalía sostuvo que disponían de abundante información antes de presentar su oferta. «Dora Ibars -directora de Promoción Institucional- se podía haber negado al tráfico de influencias, pero no lo hizo», alegó la fiscal. Ese año decidió aceptar lo que se le pide eludiendo la competencia y cediendo a una empresa que le resultaba «carísima». Esto sólo se explica -continúa la juez- si «cede» a la petición de su superior. Además, adoptó un actitud «activa» en todo el entramado. «Es un encargo personal para satisfacer al presidente». Todo se hace «sin contrato». «Estamos ante una contratación que no sé si admite alguna ilegalidad más», ha terminado la acusación.

En esta primera parte de la exposición, la Fiscalía ha invertido cerca de dos horas. Resta todavía el informe sobre las otras adjudicaciones supuestamente ilegales al grupo Correa. Y después será turno para la acusación del PSPV y la Generalitat. Será un lunes intenso en la sede de la Audiencia Nacional.

La segunda parte de la exposición ha consistido en desgranar la cronología del resto de procesos ahora cuestionados. Uno de ellos fue el Open de Tenis donde la Generalitat aportaba un millón de euros. La Fiscalía ha comenzado con los trabajos encargados por Vaersa por 119.000 euros a Orange Market. Dos de los acusados directos por este asunto han fallecido durante la instrucción del caso.

"Este procedimiento no se sostiene", ha indicado. Los correos de una campaña de sensibilización comienzan meses antes de que se conociera el contrato, un servicio que fue abonado al 50% con Ecoembes. Y posteriormente, en 2007, se acepta una resolución del contrato "perjudicial" para la Generalitat. "Se dio 69.000 euros a Orange Market sin recibir nada".

También ha recordado la acusación sobre Alicia de Miguel, la que fuera consellera de Bienestar Social. Es una más de los responsables del Consell imputados, como Manuel Cervera y Luis Rosado. "De nuevo Álvaro Pérez es recibido en un despacho de la Generalitat". Se trataba de que se encargara de la imagen de la conselleria en su lucha contra la violencia de género. "Uso y abuso de los gastos de caja fija", ha recordado respecto a tres contrataciones de esta conselleria.

El Open de Tenis fue objetivo de la trama. La Fundación Luz de las Imágenes, en el marco de la conselleria de Cultura y Deporte, asume tres contrataciones por las cuales se dispone de fondos para determinadas promociones dentro del evento. Estas nunca llegaron a materializarse, según la fiscal. La principal responsable asumió su responsabilidad antes del inicio del juicio y pactó una rebaja de pena.

Los premios Salud y Sociedad son otro de los eventos cuestionados por la Fiscalía. Los expedientes "son contrarios a la legalidad". Estos llegan a la conselleria por una "nota interna" y con el listado de empresas que se podían encargar de la organización. Algo similar ocurre al año siguiente, 2007, con la entrega de los galardones.