La Fiscalía investiga a dos ediles de Compromís por intentar comprar a otro en Palma de Gandia

La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación contra dos ediles de Compromís que supuestamente trataron de comprar la voluntad de un tercero, otro regidor de Palma de Gandia, para conseguir su apoyo en una moción de censura.

El ministerio público analiza ahora el asunto que incorpora como principal hecho llamativo una grabación del irregular ofrecimiento. Esta circunstancia, que no suele ser habitual en casos de esta naturaleza, da más entidad a las pesquisas y rebasa el escenario de la versión de uno contra otro, habitual en la contienda política.

Los hechos implican a tres protagonistas. El concejal David García, ex del PSPV y que estaba en el grupo de los no adscritos, acusó a otros dos compañeros de ofrecerle una compensación si les apoyaba en una moción de censura para expulsar a la alcaldesa, Maritrini Miñana.

Los denunciados serían el portavoz de Compromís, Manolo Sansaloni, y su compañero Ricardo Pastor. La promesa que le hicieron fue la de cobrar un sueldo mayor durante esta legislatura, pero también en el próximo mandato. Esta actuación podría ser constitutiva de un delito de cohecho.

Tanto la actual alcaldesa como el edil García, con el que se reunió Compromís, son exsocialistas. Formaron parte de la lista del PSPV y dejaron el grupo municipal tras llegar al pacto de gobierno con las tres ediles del PP: Tere Catala, Eva García y Mireia Catalá. Desde Compromís, en cambio, negaron cualquier intento de soborno al edil y si bien admitieron contactos con el ahora denunciante estos se limitarían únicamente a sondear las posibilidades de un pacto al conocer que estaba descontento en su actual cometido.

Las diligencias judiciales se encuentran todavía en una fase embrionaria, según fuentes oficiales. La Fiscalía dispone ahora de un plazo de seis meses para completar su investigación. Durante este periodo -que no es obligatorio agotar- puede realizar sus propias averiguaciones o remitir las actuaciones a un juzgado si considera que los hechos son constitutivos de delito. También podría archivarlo si no aprecia indicios de criminalidad en la actuación de los dos ediles bajo sospecha. El PP, en su día, calificó este suceso como "un ataque a la democracia".

No es la primera vez que denuncias de este tipo desatan una investigación penal. Ocurrió, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alicante con el intento de compra de la tránsfuga Nerea Belmonte. En aquel entonces se habló de un sueldo cercano a los 3.000 euros y se apuntó a varios dirigentes socialistas como autores del ofrecimiento. Finalmente, el caso se archivó por falta de pruebas. Ahora, en el caso de Palma de Gandia, existe una grabación