La fiscalía investiga si el hospital de Alzira ha fraccionado contratos tras la reversión

La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación tras recibir una denuncia por el supuesto fraccionamiento de contratos en el Hospital de Alzira una vez el centro pasó a estar dirigido por la Generalitat Valenciana.

La documentación, que ya revisa el ministerio público, también incluiría determinadas contrataciones al margen del procedimiento legal. La Generalitat recuperó la gestión del recinto hace tan sólo cinco meses, el pasado abril.

El centro hospitalario fue el origen del conocido como modelo Alzira: instalaciones públicas de gestión privada, que impulsó en su día el Partido Popular con Eduardo Zaplana en la Generalitat. De hecho, la reversión ha sido uno de los pilares fundamentales de la acción de la Conselleria de Sanidad durante el mandato de Carmen Montón. El Consell ha interpretado esta recuperación de la dirección del centro como un éxito de la nuevo forma de hacer política del Botànic.

La denuncia parte de uno de los extrabajadores del hospital de Alzira. El directivo, al parecer, se mantuvo en la transición entre la gestión privada y la pública, y fue testigo de estas prácticas supuestamente fraudulentas. Existiría al menos una grabación en la que algún responsable de las instalaciones admitiría el fraccionamiento.

De igual modo, figura un informe de la Inspección de Trabajo acerca de las condiciones en la que trabajó el ahora denunciante tras el cambio de la dirección. El escrito pretende dirigir las actuaciones contra el órgano de contratación de la conselleria, los responsables del hospital y la entonces consellera y actual ministra de Sanidad.

La documentación enviada a la Ciudad de la Justicia comprendería al menos tres meses, aunque la denuncia inicial ha sido ampliada. No obstante, no siempre esta práctica, la del fraccionamiento, resulta delictiva. Se requiere un plus en la actuación de los responsables para que exista responsabilidad penal. La Intervención de la Generalitat así lo ha acreditado en informes de otros procedimientos.

Las pesquisas también abarcarían la contratación de determinados servicios al margen del procedimiento legal como, por ejemplo, la incorporación de personal de una empresa por parte de otra para la prestación del servicio que en su día desempeñaba la primera.

Fuentes oficiales de la Fiscalía de Valencia confirmaron que recibieron la información a principios de julio. Días más tarde, abrieron unas diligencias de investigación penal, lo que supone el comienzo de la investigación oficial. Es la práctica habitual cuando se ponen en conocimiento del ministerio público hechos que podrían ser constitutivos de delito.

Las diligencias han sido asumidas por uno de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia. Esta fase prejudicial, al asumir las pesquisas la sección especializada, pueden prolongarse durante un año. Existe, además, la posibilidad de pedir una ampliación por idéntico plazo. Durante este periodo, el responsable puede solicitar información a la Generalitat, encargar informes a la Policía e incluso citar a testigos e investigados en las propias dependencias de la fiscalía. Esta fase no suele prolongarse en exceso porque la mayoría de los profesionales prefiere realizar todos estos trámites cuando el asunto está judicializado.

Una vez termina esta investigación de la fiscalía existen dos posibilidades. Si el responsable aprecia la existencia de indicios de criminalidad, el asunto se lleva a un juzgado de Instrucción. En el caso contrario, si los hechos no reúnen relevancia penal, se procede al archivo del expediente.