La Fiscalía investiga los más de 10 millones de ayudas del Govern catalán a Acció Cultural

La Fiscalía Superior de Cataluña ha dictado una diligencia por la que ordena abrir una investigación sobre las subvenciones que la Generalitat de Cataluña ha venido concediendo a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y a la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, dos de las entidades impulsadas por el polémico editor Eliseu Climent, y que han servido para afrontar el pago de la hipoteca correspondiente a la adquisición y reforma del edificio El Siglo, ubicado en la calle de San Ferran, en Valencia.

El ministerio público catalán, que remite las actuaciones al Fiscal Jefe de Barcelona «por ser el competente en los hechos denunciados», atiende así la denuncia presentada el 1 de marzo por el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, el candidato de esta formación a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, y los diputados de la formación naranja en el Parlament Catalán Matías Alonso y Sonia Sierra.

En su escrito, los representantes de Cs subrayaban que los sucesivos Gobierno catalanes habían venido concediendo subvenciones que superaban los 10 millones de euros para atender el pago de esa hipoteca, así como de ayuda para los actos realizados en el mencionado edificio. La denuncia presentada por Cs hacía referencia únicamente a las subvenciones concedidas desde 2008. El texto de la denuncia alertaba de la «inexistencia de causa de interés público alguno» que justificara las subvenciones, así como de la «grave vulneración de los requisitos legales» para la concesión de subvenciones con dinero público.

La formación naranja atribuía al Govern catalán una «aparente tramitación administrativa» que, en realidad, escondía «lo que es una auténtica donación encubierta» que, al mismo tiempo, esquivaba y orillaba «los estrictos requisitos legales que se imponen a las autoridades» para conceder este tipo de ayudas.

Cs detectaba una «artificiosa e injustificada» exclusividad para ACPV y la Institución Joan Fuster, dos instituciones privadas -se recordaba- que disfrutan de subvenciones de la administración catalana para el pago de una sede que en ningún caso está previsto que pase a formar parte del patrimonio de la Generalitat de Cataluña.

Giner también ha presentado una denuncia ante el Consell de Transparencia para obligar a ACPV a revelar las ayudas públicas que recibe. La formación naranja subraya que la entidad impulsada por está obligada a cumplir lo que establece la Ley de Transparencia, que obliga a las entidades que perciben dinero público a detallar este tipo de información.