La fiscalía investiga la exención del impuesto de plusvalías al PSPV

La decisión del Ayuntamiento de Valencia de eximir al PSPV del pago del impuesto de plusvalías tras la venta de la sede de ese partido en la calle Blanquerías le ha generado ya un dolor de cabeza a los socialistas valencianos. La Fiscalía de Valencia ha notificado la incoación de diligencias de investigación penal como consecuencia de la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia. La formación que encabeza Fernando Giner remitió un escrito en el que alertaba de que los hechos podían ser susceptibles de delito. La decisión de fiscalía supone abrir una investigación para comprobarlo.

¿Y cuáles son los hechos? El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, acusó hace tres semanas al PSPV de aplicarse una exención de 104.142 euros en el pago del impuesto de Plusvalías por la venta de su sede. «El PSPV se ha instalado en la ambigüedad para beneficiarse como partido político de su posición en el Ayuntamiento de Valencia. Propone eliminar privilegios que mantiene para su partido mientras se los niega a los ciudadanos», dijo. Giner incidió entonces en una «doble moral con la que los socialistas habían logrado la exención del pago de las plusvalías».

La polémica decisión arranca de comienzos de este año. El 6 de febrero, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, el socialista Ramón Vilar, firmó el expediente que autorizaba a los socialistas valencianos a no pagar el correspondiente impuesto de plusvalías. La decisión se produjo justo dos días después del triunfo de Gómez en las primarias socialistas -en las que se impuso a Maite Guirau- y casi dos meses después de que el expediente estuviera listo para su resolución.

Vilar ocupaba la secretaría de Organización del PSPV del cap i casal cuando firmó, como responsable de la corporación municipal, esa exención de 104.142 euros. Como número tres del partido, además, Vilar tenías las competencias en materia de administración y finanzas de la dirección local.

Las fuentes del PSPV consultadas por este diario señalaron entonces que al partido se le requirió la documentación pertinente «como a cualquier otra petición de exención-bonificación». «La que es determinante es la certificación del Ministerio de Hacienda, a partir de lo cual, de acuerdo con la legislación actual, se produce la exención del pago de plusvalía», comentaron las mismas fuentes, que desvinculan así a Vilar de cualquier posible responsabilidad al firmar la exención: el Consistorio simplemente se da por enterado, indicaron desde el PSPV.

Pero la firma de Vilar aparece en la resolución. Y las fuentes municipales consultadas explicaron que en la tramitación de este expediente no era absolutamente imprescindible. Como concejal «delegado» de Hacienda, se explicó, el dirigente socialista habría podido abstenerse de firmar una resolución que afectaba directamente al partido en el que no sólo militaba, sino en el que además ocupaba una destacada responsabilidad.

Cs considera que el Ayuntamiento de Valencia hace una doble interpretación de la legislación municipal, que por un lado obliga a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y en cambio permite ahorrarse el de plusvalías. Si el criterio para eximir del IBI es que los partidos no caben entre las entidades sin ánimo de lucro recogidas en la Ley de Mecenazgo, y los socialistas no cumplían ese requisito en 2012, tampoco pueden quedar ahora exentos de de pagar las plusvalías.

Los expertos fiscales consultados en su día por este diario han avalado esa tesis. La norma que establece la exención en la plusvalía «está condicionada a que tales terrenos (en este caso, la antigua sede socialista) cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el IBI», asegura Luis Chinchilla, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana.