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Malas noticias para Elisa Núñez, exconsellera de Justicia y primera alto cargo que ha mostrado su discrepancia con Santiago Abascal por la ruptura de los pactos de Gobierno en cinco comunidades autónomas. De hecho, este pasado martes abandonó la formación de derecha radical con una ... carta trufada de criticas y reproches al líder voxista.
Ahora la Fiscalía de Valencia ha abierto unas diligencias de investigación penal por las declaraciones de la responsable en las que aseguraba que el crimen de Gata de Gorgos -tres inmigrantes mataron a un español con un bate- era consecuencia del capricho multicultural de la izquierda.
En relación con esa muerte violenta, Núñez manifestó en su momento que el suceso «era un nuevo y cruento recordatorio de que nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda» en referencia a la procedencia de los detenidos, tres hombres de nacionalidad marroquí, según indicaron en su momento fuentes de la investigación. Asimismo, la entonces consellera acusó a la izquierda de «poner en peligro a nuestro pueblo con ceguera ideológica».
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El PSPV no tardó en llevar estos hechos a la Fiscalía de Valencia y ahora, el encargado del asunto, de la sección de Delitos de Odio, ha abierto diligencias. Los socialistas, además, informaron en su momento que ampliaban la denuncia con el contenido de un curso del Ivaspe, el órgano que forma a los policías de la Comunitat por vincular delincuencia e inmigración en uno de los cursos que se impartían en las instalaciones.
Se daba la circunstancia hasta la pasada semana que Núñez, como miembro del Consell, era aforada lo que obligaba a que las diligencias se trasladaran a la Fiscalía Superior para que en caso de que lo consideraran delito se instruyera directamente en el alto tribunal. Pero Núñez al dejar sus responsabilidades gubernamentales ha perdido esa condición, por lo que el procedimiento se tramita ya en la Fiscalía de Valencia.
El ministerio público dispone ahora de seis meses para analizar el asunto y practicar las diligencias que considere oportunas, entre ellas, la declaración de la propia consellera y testigos. En el supuesto de que aprecie que existen indicios de delito llevará el caso a un juzgado de Instrucción. En caso contrario, decretará el archivo.
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Juan Antonio Marrahí
No es la única responsable de Vox bajo la amenaza de la Justicia. La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero también tiene otras diligencias abiertas desde hace unas semanas. PSPV y Compromís denunciaron mensajes de Herrero en redes por «racistas» y «xenófobos», mientras en otras comunicaciones la edil realizó un «llamamiento a la agresión» al presidente del Gobierno y miembros de su ejecutivo, siempre según la interpretación de estos tuits que hace la oposición en el Consistorio.
El PSPV presumió del resultado de su denuncia. El síndico José Muñoz, sin embargo, no apuntó hacia Vox sino al PP, en concreto, a Carlos Mazón porque «siempre se mantuvo firme aplaudiendo y apoyando las palabras racistas» de la dirigente. Estas diligencias «afecta directamente al corazón del Consell de Mazón» pese a que Núñez ya no forma parte del Ejecutivo.
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