La fiscalía llega a un acuerdo con Blasco, Tauroni y Llinares, que aceptan tres años de cárcel

El tiempo se agotaba el lunes y el acuerdo que llevaban tiempo tratando de alcanzar la fiscalía y los principales acusados se selló ayer por la tarde contra reloj. De esta forma, los principales acusados, el exconseller Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de servicio Marc Llinares, aceptan penas de unos tres años de prisión -tres y medio según algunas fuentes- por las acusaciones que se les imputan.

La segunda sesión del segundo juicio del llamado caso Cooperación se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Valencia y será la última dedicada a las cuestiones previas, antes de seguir el día 20 con las declaraciones de los acusados, de modo que se prevé que las partes puedan presentar acuerdos de conformidad en los que, según las fuentes consultadas, se trabaja todavía.

Estos principios de acuerdos se han establecido con la Fiscalía Anticorrupción. Las reuniones se suceden para que la Generalitat y la acusación popular de las ONG acepten las cantidades y formas de devolución del dinero. Si la Abogacía y el letrado de las ONG no aceptaran los términos del acuerdo podrían forzar la celebración de la vista el próximo lunes.

En este juicio hay 24 procesados, entre ellos el exconseller de Solidaridad con el PP Rafael Blasco, para quien se reclaman condenas de 16 años, y está referido al supuesto desvío de más de cuatro millones de euros destinados a 24 proyectos de cooperación internacional, entre ellos la frustrada construcción de un hospital en Haití.

Los acuerdos en los que trabaja el Ministerio Público incluyen a la mayor parte de procesados, entre ellos el exconseller Blasco y el empresario Tauroni, si bien las conformidades, en caso de cerrarse, previsiblemente no serán apoyadas por las otras dos acusaciones, que ejerce la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD.

La Coordinadora, que ejerce la acción popular, critica las garantías que ofrecen los principales acusados para hacer frente a sus responsabilidades, por tratarse, según ha explicado esta parte, de propiedades ya embargadas o de bienes inmuebles de familiares, algunos de ellos incluso con inquilinos, lo cual dificultaría su ejecución.

Esta parte tiene muy avanzados acuerdos de conformidad con varios empresarios (podrían ser hasta cinco) que ya han depositado cantidades económicas en concepto de responsabilidad civil, e incluso podría sumarse a otros pactos en los que también ha avanzado la Abogacía de la Generalitat.

Con todo, parece improbable que las acusaciones mantengan una posición conjunta respecto a las responsabilidades que exigirán a los acusados, de modo que la celebración del juicio previsiblemente seguirá con el desarrollo previsto y las declaraciones de los acusados se producirán a partir del próximo 20 de mayo.

Las acusaciones reclaman el reintegro de cerca de cinco millones de euros que los acusados supuestamente detrajeron de las arcas públicas y que deberían haberse destinado a 24 proyectos de cooperación internacional, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en 2010.

Rafael Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio de cárcel por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.