Fiscalía, a favor de recopilar los correos electrónicos en el caso Oltra

Fiscalía se muestra, así, favorable a que esos correos electrónicos entre miembros de Igualdad se examinen y se aporten a la causa, siempre y cuando se acote en el tiempo a las comunicaciones entre finales de febrero y mediados de marzo, y finales de junio y mediados de agosto, junto con finales de noviembre de 2017, fecha en la que se sitúan las acciones investigadas. Además, sólo se deberían incorporar los que hagan alusión directa a la entonces menor o a las actuaciones derivadas de la denuncia, y sólo entre las personas actuantes. Sólo en ese caso, Fiscalía está a favor de que se revisen esos correos, sin atentar contra el derecho al secreto de las comunicaciones. Además, de este modo, no se dilataría en exceso la investigación.

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La pieza parte de una petición de una de las partes personadas, la de la representación legal de la víctima de abusos. Pero, en su día, el juez y fiscal lo rechazaron. Las partes acudieron a la Audiencia, reformularon la petición y la limitaron en tiempo y cargos. Ahora, como informe a esos recursos, responde con un escrito en el que sí es favorable a que los correos se revisen si se acotan, porque pueden ser prueba importante para esclarecer los hechos.

La investigación se inició como pieza secreta, como parte de las diligencias que pidió una de las acusaciones, en concreto, la de Cristina Seguí. Tras unos registros en el pasado mes de junio, en la Conselleria de Igualdad, los agentes se incautaron de numerosa documentación, tras el volcado de todos los correos y material de los ordenadores. En las diligencias pedidas, esta parte pretendía conocer, por un lado, el momento de los abusos sexuales, principios de 2017, y las comunicaciones que esos días se produjeron entre todos los participantes de la supuesta trama. Los mensajes, mejor dicho su contenido, podrían ratificar la limpieza de toda aquella intervención en la que se concluyó que la menor no gozaba de credibilidad y, por tanto, no se presentó denuncia.

El otro periodo temporal comenzaría de agosto a noviembre. Desde que Oltra conoce el asunto –precisó que el mismo día 4 de agosto– hasta la apertura del expediente de investigación que comienza unos días más tarde y que recoge, a su vez, una evaluación del instituto Espill, órgano especializado en víctimas de abusos, y donde el dictamen coincide en la falta de credibilidad de la menor. Y, por último, el cruce de emails tras conocer la primera sentencia condenatoria.

En su julio, la defensa de la entonces ya exvicepresidenta la defensa de la exvicepresidenta alegó que la única motivación de las acusaciones, al solicitar esta diligencia, era la «espuria» que pretendía la «dilación» del proceso y «adentrarse en la vida personal, profesional y política» de los investigados con la única finalidad (de conocimiento notorio) «de servir a un interés distinto al esclarecimiento de los hechos». Creía la defensa de Oltra que pedir los correos que se han recabado durante cinco años con el único objetivo demostrado de «ver si sale algo», pisoteaba el derecho fundamental a la intimidad no solo de las personas que están siendo investigadas, sino de terceras personas con especial protección. «No olvidemos que se trata en su mayoría de funcionarios de la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, relacionada directamente con expedientes de menores, cuyos datos deben ser especialmente protegidos», decía el escrito.