Fiscalía exige a Antifraude que facilite al PP los expedientes de los socios de Francis Puig

La Agencia Valenciana Antifraude tendrá que entregarle al PP los informes referidos a las ayudas públicas recibidas por los hermanos Adell Bover, unos empresarios castellonenses del audiovisual y socios de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en varios proyectos. La Fiscalía ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estima el recurso presentado por la diputada popular Eva Ortiz y pide que se facilite toda la documentación requerida.

El pasado mes de agosto, la parlamentaria del PP remitió una petición a la Agencia Antifraude para pedir el expediente abierto por el órgano que dirige Joan Llinares sobre las ayudas públicas concedidas a las productoras de televisión Canal Maestrat y Kriol, ambas propiedad de la familia Adell Bover. Una particular, que también presentó denuncia en el juzgado y fue admitida a trámite, denuncia en Antifraude las presuntas irregularidades en la justificación de las subvenciones públicas para el fomento del valenciano recibidas por las empresas de los hermanos Adell Bover. El PP reclamó a Llinares todo la documentación enviada por las empresas investigadas a Antifraude.

En octubre, la Agencia Antifraude negó la información al PP. Llinares se acogió a «cuestiones de confidencialidad» para negar la documentación al principal partido de la oposición parlamentaria. Ortiz, en su recurso, apuntó que la negativa chocaba con el artículo 23 de la Constitución, que dice: «todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directa o indirectamente, por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

La Fiscalía entiende que prevalece el derecho a la información y que la consulta por parte de los diputados «forma parte de su status parlamentario». En su escrito al TSJ valenciano, el Ministerio Público apunta que el acceso a esa información «no puede entorpecerse, limitarse o bloquearse» y si se hace se conculca el artículo 23 de la Constitución.

El caso del cartel de las productoras saltó después de que este periódico informa sobre el pacto de precios entre las empresas de Francis Puig y de los hermanos Adell Bover para quedarse con varios lotes del servicio de corresponsalías comarcales de À Punt. La dirección de la cadena pública descubrió un movimiento que está siendo investigado por la conselleria de Economía.

A partir de ahí, se puso la lupa sobre las ayudas recibidas por estas empresas desde varias consellerias, especialmente desde Educación para el fomento del valenciano. El departamento que dirige Vicent Marzà abrió una investigación y pidió a los hermanos Adell Bover que devolvieran cerca de 200.000 euros en subvenciones. Los empresarios presentaron alegaciones a la espera de que exista una resolución definitiva.