Anticorrupción ya no cree que Camps delinquiera con el circuito de la F-1

Anticorrupción solicitó ayer el archivo de la causa por la construcción del circuito de Fórmula 1, asunto en el que ha sido recientemente procesado Francisco Camps, Vicente Rambla y el exconseller Mario Flores, además de un grupo de empresarios. La acusación pública concluye que no se ha producido malversación y que la prevaricación, que únicamente podría darse en los tres contratos iniciales, ha prescrito.

El informe presentado por la fiscalía resulta llamativo fundamentalmente por tres aspectos. El primero, supone un cambio de criterio respecto a la tesis que hasta ahora mantenía el responsable encargado de las pesquisas, Vicente Torres, que de manera sorpresiva se presentó -y con éxito- para ser magistrado autonómico del TSJ. Fue la Fiscalía la que interpuso una querella por estos hechos y es ahora el mismo órgano el que considera que no hay suficientes indicios para apuntalar la malversación. Respecto a la prevaricación, al ser analizada en solitario, la fiscalía sostiene que la actuación está prescrita. La responsabilidad penal se extinguió tres meses antes de que se presentara la denuncia.

El segundo de los puntos que merece capítulo aparte es la oposición a las conclusiones de la jueza de Instrucción 17 de Valencia, que decidió la semana pasada procesar a los investigados. No sólo no aprecia la existencia de los anteriores delitos sino que añade que en la resolución «no se explica ni el cohecho, ni la falsedad ni el tráfico de influencias». Además, corrige a la magistrada acerca del vínculo que establece entre las obras de la F-1 y la financiación ilegal del PP al subrayar que son hechos que ya se investigan en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, pieza en la que Camps sí está imputado tras las revelaciones que Ricardo Costa realizó en el juicio en el que fue condenado por la caja B de los populares.

El tercer aspecto significativo es que la postura de la fiscalía obligará a la Generalitat a seguir el procedimiento -si así lo decide- en solitario. Resultará complicado que la Abogacía pueda obtener finalmente una condena en una causa que cuenta con un pronunciamiento exculpatorio tan claro de Anticorrupción.

La vicepresidenta Oltra evitó pronunciarse ayer para no adelantar estrategias procesales. De momento, la Generalitat ha solicitado una ampliación de diez días para presentar su escrito -probablemente sea después de las elecciones- y además pide que se vuelva a introducir en la causa a Belén Reyero, la que fuera mano derecha de Camps en la negociación con Bernie Ecclestone.

Idéntica situación se ha registrado con el caso Valmor, la organización de la F-1, donde también se pidió el archivo para Camps. La jueza ya lo ha acordado, pero la Generalitat ha recurrido. A estos dos asuntos se le suma su absolución por el juicio de los trajes. Todavía le quedan en el casillero otros dos casos: la visita del Papa y una piezas separada de Gürtel.

La fiscalía basa buena parte de su argumentación en el informe de la Intervención de la Generalitat que mantiene que no existió perjuicio para la Administración, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. «No se ha podido acreditar un sobrecoste o un mal uso de los fondos públicos» en la construcción del trazado, explica el ministerio público. Además, subraya que como ya se recogía en el citado dosier se pactó con el Ayuntamiento que a la entidad perjudicada, el órgano de la Generalitat que impulsó las obras, se le reintegrara el coste que supuso la adaptación de la ciudad al Gran Premio. Este importe, que ronda los 80 millones de euros, el Consistorio se lo ha de exigir al agente urbanizador del PAI del Grao, un proyecto estancado.

Pero es que los indicios respecto a la prevaricación, también decaen con contundencia. Sostiene la Fiscalía que las sospechas sólo se reducen a tres contratos en el inicio del proceso, pero que la responsabilidad por estos hechos prescribió en septiembre de 2017. El auto que abre las diligencias previas en el juzgado no se hizo hasta tres meses más tarde. La investigación prejudicial en la fiscalía no interrumpe los plazos de prescripción.

Camps no quiso ayer hacer declaraciones. Desde su entorno recuerdan que está pendiente la querella contra la jueza instructora, pero que no la interpondrán si finalmente el asunto se archiva.