La Fiscalía pide diez meses de cárcel para el diputado Carlos Gil por violencia de género

El horizonte judicial de Carlos Gil, diputado del PP procesado por violencia de género, no deja de complicarse. El escrito de acusación de la Fiscalía deja en una situación prácticamente insostenible al excoordinador de los populares en la Diputación. El ministerio público aprecia indicios delictivos y reclama diez meses de prisión para el responsable por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

El violento episodio tuvo lugar en septiembre del pasado año, según el relato de la Fiscalía. El acusado, alcalde de Benavites, se encontraba en un domicilio de Canet d'en Berenguer cuando acudió su expareja junto a una de las dos hijas menores de edad del matrimonio. Durante ese encuentro los dos progenitores inician una discusión relacionada con las pertenencias que la mujer quería llevarse. En esa disputa verbal, el diputado llegó a levantar la mano contra su mujer, pero sin llegar a agredirla.

La hija de la pareja se interpuso entre sus padres. De igual modo, la madre del cargo popular, que también se encontraba en la vivienda, impidió la agresión, según el escrito de la fiscal. Los dos testigos deberán declarar en el juicio para el que todavía no hay fecha.

Tras esto, la expareja del diputado trató de contactar con la policía, pero el ahora acusado le arrebató el móvil. Fue entonces cuando la mujer salió corriendo de la vivienda, pero Gil consiguió alcanzarla en el rellano. En ese momento, la cogió fuertemente del brazo y del pecho y le dijo: «Hija de puta, te vas a quedar sola sin un duro».

Este es el relato de hechos que incluye el ministerio público en su escrito de acusación. La mujer sufrió algunas lesiones, todas de carácter leve, en el brazo y tórax. La Fiscalía considera que los hechos encajan en un delito de maltrato y un delito leve de injurias. Al margen de la petición de pena de cárcel, también se reclama que el diputado sea condenado a la prohibición de tener armas durante los próximos tres años. De igual modo, se solicita que se imponga una orden de alejamiento de 300 metros respecto de su expareja durante los dos próximos años y la prohibición de comunicar con ella por cualquier medio. Como indemnización por las lesiones, reclama 90 euros para la víctima.

La Audiencia ya avaló la existencia de indicios delictivos contra el cargo popular al ratificar recientemente la orden de alejamiento del político. Recordaba en su auto la crisis de ansiedad que vivió la menor que presenció los hechos.

Carlos Gil tenía cierto predicamento en el PP de Valencia. Era uno de los coordinadores de la dirección provincial del partido que encabeza Vicent Mompó, además de hombre de confianza de éste y del expresidente provincial Vicente Betoret. Gil era también coordinador del grupo popular de la Diputación de Valencia y alcalde de la localidad de Benavites. La dirección de los populares procedió tras conocerse la noticia a suspenderle de militancia siguiendo el código interno de la organización. Con la apertura de juicio oral será expulsado de la organización, según las directrices del partido. Por otro lado, fuentes de los populares indicaron que también se le revocó su papel de coordinación en la Diputación. No obstante, Gil ha seguido asistiendo a los Plenos, según ha podido comprobar LAS PROVINCIAS.