a. g.
Jueves, 25 de febrero 2021, 16:41
La Fiscalía de Valencia ha pedido penas que alcanzan los siete años de cárcel para los acusados por los incidentes del 9 d'Octubre de 2017. Las agresiones se produjeron durante la manifestación vespertina de ese día, que llevaba como lema «Si al valencià».
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Los problemas comenzaron alrededor de la plaza de San Agustín donde se reveló que el dispositivo policial fue insuficiente. El ministerio público ha presentado ya su escrito de acusación con el que pretende sentar en el banquillo a 28 personas acusadas de delitos como desórdenes públicos, lesiones, coacciones y contra el ejercicio de derechos fundamentales como el que se pretendía ejercer aquel día con la manifestación.
La investigación se cerró hace unas semanas con el auto de procesamiento. La resolución recogía que alguno de los investigados exhibía simbología neonazi y de extrema derecha. Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.
Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la Plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio la marcha reivindicativa, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista. «Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran a la manifestación convocada por la Comissió 9 D'Octubre, y en fin dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha manifestación, y ello por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan», tal y como relata el instructor en el auto.
Los encausados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron presuntamente a varios manifestantes. De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es habitual en la Plaza Alfonso el Magnánimo, «ante una acción concertada de distintos investigados», de acuerdo con el cierre de la instrucción judicial.
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