La Fiscalía pide volver a juzgar a Rus en una vista contra uno de los zombies

En paralelo a esa discusión jurídica, se ha producido otra novedad en el sumario. En una decisión sorprendente, la Fiscalía acaba de pedir que la Audiencia juzgue de nuevo al expresidente de la Diputación, a su mano derecha Emilio Llopis y al exgerente Marcos Benavent en la pieza separada de uno de los supuestos zombies, que no fue juzgado en su momento, junto al resto de los beneficiados por esta práctica fraudulenta. Se trata de Javier Cañizares, un hombre que percibió más de 100.000 euros por su supuesto trabajo en la Diputación de Valencia.

Su caso fue, sin duda, el más atípico de toda esta pieza. El día de inicio del juicio, durante las cuestiones previas, Cañizares anunció que renunciaba a su abogada porque había sido designada y contratada por el PSPV y que, en realidad, no defendía sus intereses. La estupefacción en la sala fue mayúscula.

La Audiencia, finalmente, optó por juzgarlo en solitario una vez terminara el juicio de la parte principal del sumario. La sorpresa, prácticamente para todos incluso para el tribunal, es que Anticorrupción incluye ahora en su escrito de acusación a los tres responsables anteriores quienes, por otra parte, ya resultaron condenados. A Rus y Benavent, por ejemplo, les impusieron cinco años de cárcel.

La Fiscalía reclama ahora siete años de cárcel por los delitos de malversación, falsedad y organización criminal. Precisamente este ilícito ya quedó descartado en la primera condena al no quedar acreditado que cada uno de ellos, en referencia a los diferentes acusados, ejerciera un papel determinado y permanente en las contrataciones del personal bajo sospecha, señaló el fallo.

En el escrito se recuerda, de nuevo, el papel que supuestamente ejerció Rus en la escala de decisión de las contrataciones en Imelsa, ejecutadas por Marcos Benavent al frente de la empresa pública. La Fiscalía sostiene que Cañizares supuestamente trabajó a las órdenes del expresidente de la Diputación de Valencia Toni Gaspar -sucesor de Jorge Rodríguez en la Corporación- pero que, en realidad, se ocupaba de realizar gestiones para el PSPV. La acusación pública subraya que el diputado Raúl Pardós emitió unos certificados falsos para acreditar de manera fraudulenta el supuesto trabajo de Cañizares en Imelsa.

La Audiencia ha sido tajante en su respuesta. «En ningún momento se abrió pieza separada para el enjuiciamiento de los hechos atribuidos a otros acusados, respecto de los cuales ya se ha dictado sentencia, sin que puedan someterse a un doble enjuiciamiento por los mismos hechos». Pese a esta posición, la Fiscalía ha recurrido y mantiene que los tres nuevos acusados fueron juzgados por las contrataciones de otros sospechosos, pero no por la de Cañizares que va a ser revisada ahora por la Justicia. La acusación sostiene que el auto donde se admite o rechazan las pruebas solicitadas para la vista oral no puede servir para excluir de la causa a los acusados que propone el ministerio público.

Al margen de la cuestión anterior -no se trata de un asunto menor- existe la incertidumbre acerca de qué órgano debe revisar las sentencias de la Audiencia sobre el caso Imelsa. Existe una discrepancia entre abogados, Fiscalía y Audiencia acerca de quién debe revisar las resoluciones anteriores.

El fiscal defiende que debe hacerlo ante el TSJ, mientras los magistrados de la sección Quinta señalaron, en su momento, que el recurso debía dirigirse hacia el Tribunal Supremo. Entre los abogados hay también disparidad. Algunos como el de Marcos Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, argumenta que debe ser el TS, mientras otros letrados apuestan por el alto tribunal valenciano. Todo radica en la autonomía que se le dé a las diferentes piezas respecto al inicio del caso. Si se toma como inicio la fecha de las diligencias principales, el destino tendría que ser el Supremo. Pero si se parte de la fecha de incoación de las diferentes piezas, ya se plantean más dudas.

De hecho, una de las primeras investigaciones, la conocida como caso Themática, ya fue recurrida en casación. Una cuestión que no pareció discutirse entonces, pero que ahora parece haberse convertido en capital en la condena por los zombies de Imelsa y Ciegsa, trabajadores que cobraban de las empresas públicas sin desarrollar ninguna función.