La Fiscalía pide que Zaplana ingrese ya en prisión al apreciar riesgo de fuga

El ministerio público justifica su petición en el riesgo de fuga que, según considera, existe en el caso del expresidente y exministro. La vista de la Audiencia para pronunciarse sobre esta petición se producirá el próximo 7 de noviembre.

La fiscalía sostiene que todos los delitos por los que ha sido condenados son graves, y además están asociados a la más alta representación de de la función pública en la Generalitat y en el Gobierno y todo eso demostraría un evidente interés social en que la sentencia se cumpla.

La condena al expresident valenciano se hizo pública hace justo una semana. La sentencia de la Audiencia de Valencia ponía punto final a una carrera que, en realidad, estuvo siempre salpicada por la sospecha. Una ramificación del caso Imelsa, con la investigación al conocido como yonki del dinero y la trama de Alfonso Rus, terminó por ligar un patrimonio superior a los diez millones de euros al núcleo de colaboradores del expresidente. Se trata del segundo máximo dirigente de la Generalitat que ha sido condenado. El precedente es José Luis Olivas sorprendido al falsificar una factura para desgravarse a Hacienda el pago de 580.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de unas acciones.

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La Fiscalía considera que la pena de prisión que se solicita para el expresident es de suficiente entidad, y además, aprecia riesgo de fuga. Hasta la fecha, la mayor condena a un político valenciano había sido la de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez: nueve años de cárcel por el stand de Fitur. Fue la primera sentencia de corrupción del TSJ, en un momento especialmente convulso y el tribunal, quizá, trató de ser ejemplarizante.

La decisión está ahora en manos de la Audiencia, y de esa vista a celebrar el 7 de noviembre. No es la primera vez que se insta a la convocatoria de esta vista. Ocurrió, por ejemplo, con el caso Blasco. Anticorrupción solicitó entonces, a los pocos días de conocer el fallo, el ingreso del exconseller de Inmigración en la cárcel. Como alternativa, planteaba la posibilidad de una fianza de dos millones de euros para eludir la prisión. El TSJ, no obstante, rebajó las pretensiones de la acusación. Le permitió seguir en libertad a cambio de una fianza de 200.000 euros, cantidad que consideraron apropiada y que la familia entregó. Una vez el Tribunal Supremo confirmó el fallo, Blasco ingresó en Picassent.