La Fiscalía también reclama la orden de busca y captura para los cabecillas de la estafa piramidal

En su momento, los perjudicados también reclamaron la misma medida después de que los investigados no comparecieran cuando estaban citados para entregar su pasaporte, el pasado mes de septiembre. Las víctimas sostienen que la incomparecencia de la pareja esconde su intención de «no regresar a España».

Una de las posibilidades, según las fuentes consultadas, es que la familia al completo esté en Venezuela. Ambos tienen la doble nacionalidad, junto a la española. La decisión de la juez se producirá en los próximos días. Salvo sorpresa mayúscula, acordará la orden internacional.

Esta es una cuestión clave, pero también la localización del dinero supuestamente desviado. Sólo los afectados de la querella han perdido un millón de euros. Pero la cantidad es mucho mayor. Existe otro grupo que también presentó una denuncia -finalmente se archivó- y que perdió cerca de otro millón.

Además, existe una estadística negra de víctimas que han decidido no denunciar por una cuestión de vergüenza o incluso de reputación profesional. En este supuesto, un inversor de casi medio millón ha renunciado a acciones penales, según la información que maneja LAS PROVINCIAS.

Las víctimas han pedido también la intervención de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA). Se trata de un organismo creado en 2016, en plena escalada de casos de corrupción. Entre sus cometidos, destaca la búsqueda de activos y propiedades, tanto de las personas investigadas como aquellos sobre los que haya indicios de haber ocultado su titularidad real. Una situación que en estafas de esta magnitud resulta más que frecuente. Estos expertos pueden acceder a múltiples bases de datos nacionales e intercambian información patrimonial con organismos internacionales y con otras oficinas de recuperación de activos en el extranjero.

No son las únicas diligencias que se han puesto en marcha desde el juzgado. La instructora decidió en su momento solicitar a la Agencia Tributaria información acerca de la mercantil desde que la que supuestamente se articuló el fraude. De igual modo, se ha pedido a dos entidades bancarias que faciliten los extractos de las cuentas que manejaba la empresa de los investigados, con sede social en Valencia.

La mercantil formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Los denunciantes creen que no existía ese negocio, que todo era una estratagema para captar fondos.